Introducción

Padre: «Uno de mis objetivos, desde el segundo juicio…, segundo caso de protección…, primer caso de protección a la infancia, y primer…, segundo procedimiento judicial…, primer procedimiento judicial, ha sido que mi hija no quede institucionalizada, teniendo que exponerse una y otra vez, ella y su familia, en tratamientos, en entrevistas de evaluación y todo eso, todo el puñetero rato. Porque ha sido mucho».

Persona entrevistadora: «¿Suena casi a un estilo de vida?».

Padre: «Sí, crecer en algún lugar entre un psicólogo y los servicios de protección a la infancia. Cuando debería haber estado simplemente fuera, jugando».

Este fragmento de diálogo procede de una entrevista de investigación con un padre, realizada pocos días antes de que empezara a participar en un programa de terapia grupal multifamiliar para figuras parentales y menores que viven con un alto nivel de conflicto parental tras el divorcio. Muestra una disyunción entre su deseo local, como padre, de ofrecer a su hija una infancia «normal» y la manera en que había llegado a ejercer públicamente su paternidad relacionándose con profesionales en procedimientos judiciales, evaluaciones de protección a la infancia y otros servicios institucionales. Esto apunta a un hallazgo clave del presente artículo, que forma parte de un estudio basado en entrevistas cualitativas con madres y padres noruegos identificados como parte de una situación de divorcio de alta conflictividad. Sus trayectorias individuales hasta convertirse en casos de divorcio de alta conflictividad implicaron encuentros repetidos con los servicios sociales y otros servicios públicos. Para algunas de estas personas, ello desembocó en un proceso de alienación en el que vivieron un desapego respecto de valores que consideraban subjetivamente centrales en su parentalidad. Para otras, ofreció oportunidades de desarrollarse y crecer en su papel parental. Con independencia de las consecuencias en cada caso concreto, sus relatos iluminan colectivamente una cara del divorcio de alta conflictividad que se debate menos en la literatura de terapia familiar que la búsqueda de intervenciones clínicas y políticas públicas eficaces. Tiene que ver con el modo en que las relaciones sociales de la gobernanza y la burocracia no solo proporcionan pautas y espacios para intercambios útiles entre figuras parentales, menores y profesionales, sino que también imponen orientaciones y límites a la comprensión, orquestando así la vida de las personas de maneras específicas y objetivadas. Este artículo pretende ofrecer una exploración empírica de cómo llega a ocurrir esto en ocasiones.

Separación y divorcio en el contexto noruego

En Noruega, entre el 30 y el 40 por ciento de la infancia vive actualmente una ruptura familiar o nunca ha convivido con ambos progenitores (Statistics Norway, 2020). A partir de la década de 1990, el número de disputas sobre cuestiones relativas a la infancia que acababan en los tribunales aumentó considerablemente en Noruega (Koch 2008; Vimblemo, Tobra, Knutsen, Olsen, Gleinsvik & Bush 2016), como ocurrió en muchos otros países occidentales (Bergman & Rejmer, 2017; Parkinson, 2011). Para las familias que se separan o divorcian, una estimación habitual es que entre el diez y el 15 por ciento acabará en un patrón de conflicto enquistado entre las figuras parentales (Haddad, Philips & Bone 2016; Helland & Borren, 2015; Hetherington, 2002; Mahrer et al. 2018; Wiik, Kitterød, Lyngstad & Lidén 2015). El concepto de «divorcio de alta conflictividad» designa situaciones en las que las figuras parentales mantienen, durante varios años después de la separación, patrones de interacción caracterizados por disputas largas y enconadas sobre cuestiones relativas a la crianza (Anderson et al. 2010; Birnbaum & Bala, 2010). La investigación ha demostrado de forma sistemática que estos conflictos parentales prolongados tras el divorcio pueden ser perjudiciales para el bienestar y la salud psicosocial de la infancia (Amato, 2000; Amato & Keith, 1991; DeBoard-Lucas et al. 2010; Emery, 1999; Fincham et al. 1994; Grych, 2005; Lansford, 2009; Visser et al. 2017).

En Noruega, la mediación es obligatoria para las figuras parentales que se separan y tienen descendencia menor de 16 años, tanto si hay matrimonio (Marriage Act, 1991, § 26) como si conviven como pareja de hecho (Children Act, 1981, §51, tercer párrafo). La mediación también es obligatoria para quienes acuden a los tribunales por cuestiones relativas al cuidado de su descendencia tras el divorcio o la ruptura (Children Act, 1981, § 51, primer párrafo). El objetivo principal del sistema noruego de mediación es fomentar la cooperación ayudando a las figuras parentales a alcanzar un acuerdo sobre el cuidado futuro de la infancia a su cargo (Barne- og familiedepartementet, 2006).

En este contexto, la mediación obligatoria hace posible una implicación directa del Estado en todos los casos de ruptura parental en los que hay menores. Ello sitúa a los centros de orientación familiar encargados de la mediación dentro de un complejo institucional del que forman parte además los tribunales y, en ocasiones, los servicios de protección a la infancia. La tarea principal de las personas mediadoras es asesorar a las figuras parentales para preparar un acuerdo escrito sobre el cuidado conjunto futuro de su descendencia (Barne- og familiedepartementet, 2006). Si no logran ponerse de acuerdo durante la mediación sobre un régimen de parentalidad compartida, pueden acudir a los tribunales. La autoridad judicial del tribunal permite una regulación directa de la esfera doméstica (Ottosen, 2006). Cuando el tribunal admite a trámite una disputa parental, la jueza o el juez debe decidir si es probable alcanzar un acuerdo, en cuyo caso se inicia un proceso de mediación judicial. Si no es así, o si se intenta primero la mediación judicial pero resulta infructuosa, se celebra una vista principal en la que finalmente se dicta una resolución judicial (Children Act, 1981, chapter III; Domstoladministrasjonen, 2019). Si las figuras parentales acuden repetidamente a estas instituciones sin que parezca lograrse una desescalada del conflicto, a veces se notifica a los servicios de protección a la infancia. Ello se debe a que el propio conflicto prolongado se considera motivo de preocupación por el bienestar de la infancia.

En 2013, el Gobierno noruego publicó una directriz que precisaba la responsabilidad de los servicios de protección a la infancia en los casos de preocupación por disputas de custodia en curso entre progenitores (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2013). En tales casos, el personal técnico debe investigar la situación de la niña o el niño en ambos hogares y ofrecer medidas de apoyo voluntarias a una o ambas figuras parentales si lo considera necesario. La directriz establece que, aunque el personal técnico no puede intervenir directamente para modificar un acuerdo de custodia o de visitas que funcione entre las figuras parentales (regulado en la Children Act, 1981), sí puede asesorarlas sobre esas mismas cuestiones. Aunque rara vez se aplica, en casos extremos en que las figuras parentales están inmersas en un conflicto grave y prolongado, esta situación puede considerarse un incumplimiento en la atención a las necesidades de la niña o el niño y puede constituir motivo suficiente para promover una medida de tutela (regulada en la Child Welfare Act 1992). Así, aunque los servicios de protección a la infancia no pueden dictar qué solución deben adoptar las figuras parentales para resolver sus disputas de custodia, el hecho de que el conflicto entre ellas se considere potencialmente perjudicial para la infancia faculta al personal técnico para exigirles que hagan algo.

El divorcio de alta conflictividad como problemática de investigación

Desde una perspectiva sociológica, Ottosen (2006) sostiene que la orientación familiar, la mediación, los procedimientos judiciales y los procedimientos de protección a la infancia pueden entenderse como expresiones de la aversión del Estado del bienestar al conflicto interpersonal y del poder del Estado para disciplinar a las figuras parentales hacia la cooperación. Aunque el sistema judicial deriva con frecuencia a terapia a las familias que se considera enquistadas en el conflicto tras un divorcio, con la esperanza de reducirlo y evitar nuevas demandas (Anderson, Sumner, Parady, Whiting & Tambling 2019), Johnston et al. (2009) sostienen que la retórica de la abogacía, del personal de protección a la infancia y de otras personas profesionales alimenta a menudo los conflictos parentales.

Esta paradoja, entre las intenciones declaradas de las políticas y estrategias de intervención y la afirmación de que esas mismas políticas e intervenciones contribuyen a veces a producir o conservar los fenómenos mismos que estaban destinadas a prevenir, marca el punto de partida del presente artículo. A partir de los datos de un estudio cualitativo compuesto por entrevistas con madres, padres y profesionales de protección a la infancia, su objetivo no es poner a prueba ni desarrollar un conjunto de supuestos teóricos sobre la parentalidad y el divorcio de alta conflictividad. Tampoco pretende producir una comprensión fenomenológica o temática de los aspectos psicológicos o intersubjetivos de una situación de divorcio de alta conflictividad. El artículo aspira, en cambio, a ofrecer una exploración empírica de cómo el conocimiento y la experiencia de las figuras parentales se moldean en sus encuentros con las instituciones del Estado, y de cómo ello se vincula con la forma en que la parentalidad tras el divorcio se organiza socialmente a través de las políticas noruegas y las directrices profesionales. Centrándose específicamente en los encuentros entre figuras parentales y profesionales de protección a la infancia que desembocan en una derivación posterior a una intervención de terapia familiar, el artículo trata de cartografiar un segmento de la secuencia institucional a través de la cual las familias se encuentran con las instituciones del Estado del bienestar por la preocupación que suscita un conflicto en curso. La pregunta de investigación que guía el artículo es: ¿cómo se moldean el conocimiento y la experiencia de las figuras parentales en sus encuentros con el personal técnico durante el proceso de convertirse en un caso de alta conflictividad? Para ello, el artículo recurre a la estrategia de investigación sociológica conocida como etnografía institucional (Smith, 1987, 1990a, 1990b, 1999, 2005).

La etnografía institucional

Tal como la describe Smith (2005), la etnografía institucional (EI) es un enfoque empírico teorizado, desarrollado para explorar las relaciones sociales que organizan las instituciones a medida que las personas participan en ellas, desde sus propias perspectivas. La EI parte de la realidad efectiva de las actividades cotidianas de las personas y se centra en cómo participan en las relaciones institucionales. Tratando a las personas como conocedoras expertas de su propia vida, «explora con ellas su experiencia de lo que les está ocurriendo y de lo que hacen, y cómo esto se conecta con lo que está más allá de su experiencia» (Smith, 2005, p. 41). La EI busca generar conocimiento sobre las formas en que modos de gobernanza dados por supuestos operan para regir la vida cotidiana. Para ello, quienes investigan deben ensamblar lo que aprenden desde perspectivas diferentes y explorar lo que las conecta.

En comparación con los enfoques de investigación cualitativa orientados a generar explicaciones teóricas abstractas, la etnografía institucional exige un desplazamiento tanto ontológico como epistemológico (G. W. 1990b; Smith, 1990a, 2005, 2006). El desplazamiento ontológico implica mantener el análisis anclado en los mundos cotidianos de las prácticas y actividades reales de las personas. Así, la indagación parte de un punto de vista encarnado, y no de la teoría abstracta, y permanece conectada a ese punto de vista cuando rastrea cómo se organizan y coordinan socialmente las actividades y acciones de las personas. En el plano epistemológico, la EI aspira a formas de conocimiento experienciales, desde dentro, y no a verdades objetivas o ideológicas (Hussey, 2012; Kearney et al. 2019). En conjunto, esto sitúa la etnografía institucional como un enfoque no positivista: no busca desvelar la realidad tal como «realmente» es, y evita el tipo de lógica causal que a menudo conduce a análisis descontextualizados. En su lugar, la EI invita a formas reflexivas de conocimiento que remiten a un mundo común compartido por quienes investigan y quienes participan en la investigación (Kearney et al. 2018).

La ontología social de la EI parte del supuesto de que la actividad de una persona «implica necesariamente la presencia y las acciones de otras personas inmersas en relaciones y que participan en ellas», relaciones que coordinan lo que está ocurriendo (Smith, 2005, p. 43). La expresión relaciones de gobierno (ruling relations; Smith, 1987, 2005) articula cómo esta coordinación opera para orquestar las relaciones sociales de las instituciones. En las sociedades modernas, los textos son instrumentos principales de gobierno. A través de documentos de política, directrices, formularios, cartas modelo, campos informáticos, etc., las relaciones sociales se replican y circulan translocalmente, es decir, a través del tiempo y del espacio (Rankin, 2017; Smith, 1990a, 1990b). En los lugares locales de la experiencia de las personas, estos textos aparecen como artefactos materiales. Al entablar lo que Smith (1990a, 1990b, 2005) denomina conversaciones texto-lector, el uso que las personas hacen de los textos da a las relaciones de gobierno una forma material. A medida que entran en las acciones de las personas y las coordinan (como, por ejemplo, cuando figuras parentales sin relación alguna entre sí elaboran por separado su plan de parentalidad con la misma plantilla descargada del mismo sitio web gubernamental), esta materialidad hace accesibles las relaciones de gobierno como datos empíricos. Nos permite verlas como insertas en relaciones sociales. Apoyándose en estas formas materiales de organización social, la EI ofrece una visión del trabajo cotidiano de gobierno al rastrear los lugares institucionales que rigen las prácticas de las personas en entornos locales (Rankin, 2017). Cuando se organizan en torno a una función específica, distintos modos relacionales de gobierno —como la autoridad del Estado, las directrices profesionales y el discurso profesional— se entrecruzan para constituir los complejos relacionales denominados instituciones (Griffith & Smith, 2014; Smith, 2005, 2006).

Una de las cosas que distinguen la EI de otros modos críticos de indagación es su capacidad para abordar explícitamente la situación en primera línea entre quienes prestan los servicios y quienes los utilizan, y cómo esta se relaciona con fuerzas organizadoras externas (Kearney et al., 2019). Griffith y Smith (2014) emplean la expresión circuito institucional para referirse a secuencias de acción institucional en las que se producen textos seleccionando elementos de la realidad para construir un relato acorde con un texto de autoridad o texto «jefe» (como la ley, una política o los marcos de un discurso concreto), de tal manera que pueda seguir un curso de acción institucional. Los circuitos institucionales no se conciben como objetos de estudio. Se trata de un concepto analítico que proporciona «un método para buscar cómo las personas coordinan entre sí lo que hacen» (Griffith & Smith, 2014, p. 12). En el complejo institucional que rodea la política familiar y los servicios de terapia familiar abundan las jerarquías y las regulaciones institucionales. Ello hace que este campo se preste especialmente a la investigación etnográfica institucional.

Métodos

Participantes y captación

Madres y padres

Se entrevistó² a diecinueve madres y padres, que representaban un total de 11 parejas coparentales.¹ Se trataba de nueve madres y diez padres, tras el divorcio o la ruptura de una relación heterosexual con una pareja con la que tenían uno o más menores a cargo de menos de 16 años (17 menores en total). Las edades iban de mediados de la veintena a principios de la cincuentena. El nivel educativo iba de la formación profesional a estudios universitarios de posgrado. Nueve padres y cuatro madres tenían un empleo a tiempo completo fuera del hogar. Cinco madres y un padre no tenían empleo, pero participaban en algún tipo de programa de evaluación laboral de la Administración noruega de Trabajo y Bienestar.

Todas las figuras parentales habían acudido al menos una vez a mediación en la fase de separación, y muchas habían recurrido repetidamente a la orientación y a la mediación en un centro de orientación familiar para resolver sus desacuerdos. Todas indicaron haber sido objeto de una evaluación de los servicios de protección a la infancia motivada por la preocupación ante un conflicto en curso. Doce habían sido parte en uno o varios procedimientos judiciales para resolver disputas sobre custodia o régimen de visitas. Cinco indicaron haber buscado psicoterapia u otro tipo de asesoramiento profesional para afrontar el estrés y el trauma relacionados con su situación. Se había derivado a seis menores a servicios ambulatorios hospitalarios de salud mental, como parte de la respuesta de sus figuras parentales y de profesionales locales a la preocupación por su bienestar tras la separación. La mayor parte de la infancia implicada había tenido algún tipo de consulta de primer nivel (p. ej., enfermería de salud escolar, trabajo social escolar), ya fuera individualmente o en grupos estructurados para menores cuyas figuras parentales viven en hogares separados.

La captación de madres y padres se realizó a través de su participación en un programa de terapia grupal multifamiliar destinado a familias identificadas como parte de una situación de divorcio de alta conflictividad,³ que en el momento del estudio se llevaba a cabo en dos centros de orientación familiar de la región de Agder, en el sur de Noruega. Las entrevistas tuvieron lugar antes de la participación en el grupo (4),⁴ antes y después (7), o solo cuatro meses después de haber participado (8). El programa lo dirigían profesionales de centros de orientación familiar y de servicios ambulatorios hospitalarios de salud mental infantojuvenil. Todas las figuras parentales habían sido derivadas al programa por el personal técnico del servicio de protección a la infancia, por la preocupación que suscitaba la situación de la infancia en un conflicto parental en curso. Como tal, el programa de intervención grupal multifamiliar formaba parte de una secuencia institucional de servicios de apoyo a la parentalidad coordinada por el servicio de protección a la infancia. El contacto con las familias se estableció a través del equipo terapéutico local que dirigía los grupos.

Profesionales

Se entrevistó a cinco profesionales del servicio de protección a la infancia. No se les captó por su vinculación con ningún caso concreto, y no se intentó relacionar las experiencias de determinadas figuras parentales con las de determinado personal técnico. Estas entrevistas aportaron, en cambio, información complementaria crucial sobre la organización del trabajo profesional en los casos de divorcio de alta conflictividad. La captación se hizo contactando con la dirección de un servicio público de protección a la infancia de la región noruega de Agder.

Además de las entrevistas con figuras parentales y profesionales de protección a la infancia, el estudio en el que se basa este artículo incluyó entrevistas con tres integrantes de la judicatura y 12 terapeutas familiares. Todas estas personas se captaron mediante contacto directo. Las entrevistas con terapeutas y judicatura no se utilizaron directamente como parte del material de datos analizado en este artículo. Aun así, constituyeron fuentes esenciales de conocimiento sobre la organización institucional y las prácticas locales.

Las entrevistas se grabaron en audio y se transcribieron literalmente. La mayoría de las figuras parentales (14) fueron entrevistadas en su propio domicilio. Algunas (3) lo fueron en un centro de orientación familiar y otras (2) por teléfono.⁵ Las entrevistas con el personal técnico se realizaron en sus lugares de trabajo. Duraron entre 30 min (por teléfono) y dos horas. Todas las personas participantes dieron su consentimiento informado y firmado para el uso del material de las entrevistas en esta investigación. El proyecto de investigación fue aprobado por el Centro Noruego de Datos de Investigación (NSD, proyecto n.º 57,881) y por el comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Agder.

Producción de datos

Las entrevistas se realizaron como conversaciones semiestructuradas y abiertas (DeVault & McCoy, 2006). Como es habitual en muchas variantes de la entrevista etnográfica (Hammersley & Atkinson, 2007), en la investigación en EI rara vez se utiliza un guion material de entrevista o un conjunto fijo de preguntas estándar (DeVault & McCoy, 2006). En las entrevistas individuales, las preguntas se basaron en parte en lo aprendido en entrevistas anteriores y en parte en el conocimiento que la investigación iba acumulando sobre las relaciones sociales que constituyen la problemática investigada. Las partes de las transcripciones de las entrevistas con figuras parentales utilizadas como datos en este artículo se centraban en la historia de los encuentros de cada participante con profesionales de los servicios sociales, jurídicos y terapéuticos tras la separación o el divorcio. En las transcripciones de las entrevistas con el personal del servicio de protección a la infancia, los datos consistían en sus relatos de experiencias de trabajo con familias que viven con un alto nivel de conflicto parental tras el divorcio. Además, me apoyo en textos a los que se hacía referencia directa en las entrevistas o que estaban claramente implícitos (p. ej., cuando una persona participante se refería al «marco legal», busqué los textos legales correspondientes a la situación mencionada). Exploré estos textos para iluminar cómo las relaciones entre figuras parentales y profesionales en los casos de divorcio de alta conflictividad están «enganchadas» (Smith, 2005) mediante procesos de gobierno translocales.

Análisis de datos

Memorandos

Después de cada entrevista, redacté un memorando con mis impresiones y reflexiones inmediatas. Tomé nota de los temas o cuestiones que parecían repetirse en varias entrevistas para empezar a rastrear patrones de coordinación translocal. Antes de cada nueva entrevista, consulté todos los memorandos existentes para no perder de vista el desarrollo de los hilos analíticos. Fui compartiendo y discutiendo las entrevistas transcritas con dos personas que supervisaban mi investigación (una persona que ejerce como mediadora y terapeuta familiar y otra que es profesora titular de salud psicosocial), lo que amplió el campo de reflexión y permitió generar colectivamente ideas, inquietudes y temas que explorar en las entrevistas siguientes.

Indexación

Paralelamente a la realización de las entrevistas y a la redacción de memorandos, indexé los relatos de las transcripciones. Como detalla Rankin (2017), la indexación es una estrategia que ayuda a mantener el análisis anclado en la materialidad y las particularidades de los relatos reales, en lugar de abstraer categorías y temas de los datos. La indexación facilita las referencias cruzadas entre actividades, personas y entornos locales. Con la problemática de investigación como guía, como primer paso del análisis examiné las entrevistas transcritas con figuras parentales en busca de relatos de reuniones con profesionales en las que se hubiera realizado algún tipo de evaluación o se hubiera hablado de derivar a las personas en cuestión como «caso» de un servicio a otro (p. ej., de protección a la infancia a orientación familiar). Indexé estos relatos según el servicio responsable de producir la evaluación o el texto institucional con el que se relacionaba cada acontecimiento. Como segundo paso, busqué los relatos de cada figura parental sobre su experiencia en esos encuentros, cómo respondieron a los acontecimientos (es decir, si valoraban o se oponían a lo que se hacía) y el conocimiento que aplicaban al responder. Como tercer paso, analicé las entrevistas con profesionales, buscando sus relatos de procesos de trabajo paralelos. Por ejemplo, varias figuras parentales consideraban que el personal profesional no se tomaba en serio su preocupación por la violencia. Así, al trabajar con las transcripciones de las entrevistas con el personal técnico de protección a la infancia, busqué relatos de trabajo relacionados con la evaluación y la categorización de las preocupaciones o derivaciones entrantes en las que se mencionara la violencia. Agrupar los relatos de distintas personas participantes sobre un mismo tipo de acontecimiento bajo un mismo encabezado de índice permitió ensamblar relatos interconectados de experiencias y conocimientos procedentes de distintas posiciones de sujeto. Como cuarto paso del análisis, busqué dentro de cada encabezado de índice referencias (explícitas o implícitas) a textos organizadores translocales, como formularios de evaluación o directrices profesionales, y los localicé cuando fue posible.

A lo largo de todo el análisis, el acento se puso en lo que hacen las personas y en su saber experto sobre lo que hacen, lo que en los términos de la EI se denomina en sentido amplio «trabajo» (Smith, 2005). Esta atención al trabajo distingue la EI de formas más convencionales de indagación cualitativa centradas en la experiencia interior de quienes informan. Es el saber experto de las personas participantes sobre su trabajo lo que proporciona la puerta de entrada a la indagación.

Resultados: cartografiar el circuito institucional de preocupación, evaluación y derivación

En esta sección trato de explicitar cómo los procedimientos institucionales que rigen la intervención del personal técnico de protección a la infancia con familias en situaciones de divorcio de alta conflictividad dieron forma a la experiencia de las figuras parentales, y cómo este trabajo estaba relacionado con el de otras personas profesionales situadas en otros lugares, y dependía de él. Alternando los relatos de las figuras parentales sobre sus encuentros con profesionales y los datos de los relatos del personal técnico sobre el trabajo relacionado con ese mismo tipo de encuentros, muestro cómo lo que hacían unas y otras partes estaba vinculado a relaciones de gobierno específicas mediadas por textos.

Comienzo esbozando el circuito institucional (Griffith & Smith, 2014) de preocupación, evaluación y derivación en el que se centra el estudio. A continuación, establezco un punto de vista en la experiencia de las figuras parentales dentro de este circuito para mostrar cómo lo que ocurre «sobre el terreno» está organizado para ocurrir como ocurre, con relativa independencia del conocimiento y la experiencia de esas figuras parentales. Recurro después a los datos de las entrevistas con el personal técnico de protección a la infancia para explorar cómo el punto de vista experiencial de las familias se relacionaba con procesos regidos por textos que tienen lugar más allá del entorno local inmediatamente observable. Centrándome en una disyunción concreta (Smith, 1990a, 1990b) entre la perspectiva de la experiencia y la perspectiva del gobierno, exploro luego el conocimiento experiencial de las figuras parentales sobre cómo la preocupación por la capacidad de la otra parte para dispensar unos cuidados adecuados parecía desaparecer o diluirse en cuanto una situación se etiquetaba como caso de alta conflictividad. Relaciono esto con los relatos del personal técnico sobre la gestión de esas preocupaciones, mostrando cómo etiquetar un caso como de «alta conflictividad» parecía crear barreras que dificultaban la formulación de otras preocupaciones. Por último, muestro cómo la implicación en este circuito institucional a lo largo del tiempo se asociaba, en algunos casos, a una sensación de alienación y de inercia.

El circuito institucional

Todas las figuras parentales entrevistadas habían pasado por un proceso de evaluación de los servicios de protección a la infancia que desembocó en una derivación a un centro de orientación familiar para participar en un programa de terapia grupal multifamiliar (donde se volvió a evaluar su idoneidad para el grupo). Algunas habían sido las primeras en ponerse en contacto con el servicio de protección a la infancia por la preocupación que les suscitaba la capacidad de la otra parte para dispensar unos cuidados adecuados. En otros casos, la notificación de preocupación procedía de una persona mediadora o terapeuta de un centro de orientación familiar, o de una psicóloga o un psicólogo especialista que trabajaba para el tribunal (en el marco de un acuerdo o tras una vista principal).

En la mayoría de los casos en que una persona representante del tribunal o de un centro de orientación familiar había notificado a los servicios de protección a la infancia, la notificación de preocupación mencionaba explícitamente el programa grupal multifamiliar concreto del que procedían las figuras parentales captadas para este estudio. Según el equipo terapéutico, la judicatura y el personal de protección a la infancia que participaron en las entrevistas, el conjunto de procedimientos negociados localmente para la derivación al grupo multifamiliar establecía explícitamente que era preferible una derivación desde protección a la infancia. Con ello se buscaba garantizar la seguridad de una presencia activa de protección a la infancia en caso de que el proceso de terapia grupal no diera lugar a alguna forma de mejora significativa. Ello se ajustaba a la directriz gubernamental que describe el trabajo de los servicios de protección a la infancia frente al conflicto parental, la cual precisa que el divorcio de alta conflictividad se considera motivo legítimo para abrir una evaluación de protección a la infancia (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2013). Existía así un circuito institucional local que enganchaba entre sí el trabajo de menores, figuras parentales, terapeutas, personal técnico de protección a la infancia, judicatura y otras personas. Ello se lograba mediante un acuerdo formal local entre servicios, anclado en directrices profesionales (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2013) y en la ley (Child Welfare Act 1992; Children Act, 1981). En las dos secciones siguientes muestro cómo esta relación de gobierno se hizo visible en las entrevistas con las figuras parentales.

Identificar un punto de vista en la experiencia de las figuras parentales

Durante los dos años transcurridos desde su separación, Robert⁶ y su exmujer habían acudido repetidamente a la mediación en el centro de orientación familiar local. No discrepaban sobre la custodia ni el régimen de visitas de los dos menores (que se repartía a partes iguales). Sin embargo, tenían dificultades persistentes para ponerse de acuerdo en cuestiones esenciales sobre las prioridades en la educación de los menores y para resolver cuestiones económicas. En un momento dado, una persona mediadora del centro les sugirió que se unieran a un grupo de terapia multifamiliar para menores y figuras parentales que viven con un alto nivel de conflicto tras el divorcio. Cuando se lo sugirieron, Robert pensó que este grupo para «familias de alta conflictividad» no les convendría, puesto que no consideraba que su conflicto fuera «alto», sino simplemente que estaba estancado. Aun así, él y su exmujer aceptaron la derivación al grupo terapéutico. Como procedimiento estándar en este proceso, la persona mediadora envió al servicio de protección a la infancia una notificación de preocupación en la que expresaba el temor de que el conflicto persistente entre la pareja parental amenazara el bienestar psicosocial de los menores. Robert describió como inquietante la reunión con una técnica del servicio de protección a la infancia, en el marco de la evaluación que esta realizó a partir de la notificación de preocupación. En el proceso de evaluación, se entrevistó por separado a cada una de las figuras parentales y después, brevemente, a los menores. A partir de las entrevistas, la técnica redactó un informe:

«Hubo un informe. Que era… acabó enfrentándonos a la madre y a mí en ese informe. Y eso no hizo más que hacer escalar el conflicto. Así que llamé a la técnica y le dije: “esto no está bien”. Y la madre también la llamó y le dijo que el informe no era correcto. Que estaba completamente mal. Le dije a la técnica: “tiene que quitarlo”. Pero ya había cerrado el informe, así que no podía hacer nada».

Este relato muestra una disyunción entre la experiencia y el conocimiento de Robert sobre su vida y la manera en que el personal profesional trataba esas mismas cuestiones a partir de procedimientos institucionales que operaban para objetivarlo a él, a la madre y a los menores como un caso de un tipo particular, al que se aplicaba un conjunto específico de procedimientos. En este proceso, un conjunto predeterminado de procedimientos locales de interacción entre el centro de orientación familiar y el servicio de protección a la infancia orientaba lo que debía hacer el personal profesional y cómo. Implicarse en estas relaciones de gobierno (que en este caso se encuentran en la notificación de preocupación, el protocolo de evaluación estandarizado y la carta de derivación al grupo), que operan colectivamente como concreción de la directriz gubernamental (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2013), parece haber restado relevancia a las experiencias y conocimientos reales de las personas evaluadas. Sin embargo, la pareja parental se implicó en ello: aceptó la derivación y la oferta de terapia (aunque esa oferta se basaba en el informe que rechazaba).

Otras figuras parentales describieron una sensación de alivio y de consuelo por la existencia de un conjunto de directrices y procedimientos sobre cómo debía tratar el personal profesional a las familias con preocupaciones persistentes tras el divorcio. Anna contó que se había sentido aliviada cuando su profesional de medicina de familia le dijo que «no tenía por qué lidiar con esto sola» y la derivó al servicio de protección a la infancia. Anna explicó que, antes, se había sentido muy sola ante los dilemas de compartir la crianza con un padre cuyo estilo de vida describía entonces como «delictivo». Aprender a formular sus inquietudes como preocupación por el conflicto parental le permitió acceder con más facilidad a la ayuda que sentía que necesitaba: «era mucho más fácil ir a protección a la infancia y pedir ayuda cuando sabías para qué se suponía que tenías que pedirla». Tras la última ronda de evaluación, contó que el personal técnico de protección a la infancia «tenía muchas ganas de que aceptáramos una derivación» al programa de terapia grupal multifamiliar del centro de orientación familiar. Aunque describía como buena la relación entre el padre y ella en ese momento, confiaba en que el personal profesional sabía qué era lo mejor para la familia. Por eso, estaba dispuesta a aceptar sus sugerencias. Sin embargo, esta confianza no se basaba en una relación interpersonal con una persona técnica que se fuera desarrollando poco a poco, ya que «cada vez» había personas nuevas a cargo de su caso. Aunque esta progresión a lo largo de una secuencia institucional de acciones no estaba anclada de forma evidente en su experiencia, interpreto que su relato transmite una sensación de sentirse cuidada y reconocida.

Emma también había vivido los servicios de protección a la infancia como una fuente de apoyo en el período posterior al divorcio. Su familia había entrado inicialmente en contacto con protección a la infancia porque su hijo presentaba problemas de conducta en la escuela:

«Y entonces, por suerte, la técnica entendió que allí también había un conflicto que afectaba a las criaturas, además de las dificultades que tenía nuestro hijo. Y entonces nos propuso ir a un grupo sobre el conflicto. El padre se mostró escéptico (…), pero yo acepté la oferta enseguida. Yo… yo acepto todo lo que pueda ayudar. Porque he probado tantas cosas, creo. La enfermería escolar, la orientación familiar, pero hasta ahora nada ha servido de verdad».

Emma y Anna depositaron su confianza en el sistema de protección social y expresaron su agradecimiento por que su situación se definiera como un caso de alta conflictividad, ya que ello abría la posibilidad de ser derivadas a servicios terapéuticos que, esperaban, contribuirían a mejorar su vida.

Algunas figuras parentales explicaron que aceptar las sugerencias de derivación del personal profesional formaba parte de una negociación más amplia de toma y daca entre ellas y diversos organismos públicos. Algunas habían respondido a la propuesta profesional de derivar a ambas figuras parentales a un programa de terapia grupal multifamiliar exigiendo que la otra parte fuera derivada individualmente a un servicio distinto (p. ej., una evaluación psiquiátrica, un grupo de parentalidad centrado en el apego entre figura parental y menor, o un programa de control de la ira). Otras describían esas derivaciones como algo que sentían que tenían que aceptar por alguna concesión previa (p. ej., haber comprobado anteriormente que protección a la infancia se tomaba en serio sus preocupaciones), o con la esperanza de que ello propiciara una determinada respuesta institucional en el futuro (p. ej., esperando que mostrar una actitud positiva aceptando una derivación en ese momento pudiera resultar decisivo en un futuro procedimiento judicial). Ole explicó que su motivo para aceptar la derivación al programa concreto de terapia grupal multifamiliar en el que se entrevistó a las figuras parentales de este estudio era simplemente que el servicio de protección a la infancia lo había recomendado. Como había sido él quien había contactado inicialmente con ese servicio para pedir ayuda, se sentía en la obligación de aceptar. «Si no, pedir ayuda no tendría sentido. Así que me siento un poco presionado, por respeto, porque he estado contento con el servicio de protección a la infancia. … Aun así, no creo que de esto vaya a salir nada bueno».

Aunque diversas, las experiencias de estas figuras parentales pueden entenderse como originadas en una secuencia de acción generalizada (Smith, 2005), o circuito institucional, basada en conocimientos y decisiones que se generan fuera del contexto local de la experiencia. Su participación en estas prácticas discursivas las ponía en conexión con las relaciones de gobierno translocales de las formas de conocimiento basadas en textos. Para comprender algunos de estos complejos procesos translocales que conforman el punto de vista experiencial de las figuras parentales, recurro ahora al material de las entrevistas con el personal técnico de protección a la infancia, a fin de explorar cómo se relacionaba con procesos regidos por textos que tienen lugar más allá del entorno local inmediatamente observable.

El trabajo del personal técnico de protección a la infancia

Debido al marco legal que regula el servicio noruego de protección a la infancia (Child Welfare Act 1992), otros servicios o instituciones no pueden solicitar a este servicio una respuesta estructurada concreta en un caso particular sin presentar la solicitud en forma de notificación de preocupación. Varias de las personas técnicas entrevistadas explicaron que recibir una notificación de preocupación por un conflicto parental que sugiriera una derivación a una intervención concreta ajena al propio servicio de protección a la infancia las colocaba en una situación difícil. Por un lado, en cada caso concreto, ello significaba que la decisión sobre la idoneidad de la intervención en cuestión se había tomado en otro lugar y que lo que se pedía, en esencia, era la continuación burocrática de esa decisión. Por otro lado, tal como especifica el «Manual de procedimientos para los servicios de protección a la infancia» (Barne- og likestillingsdepartementet 2006), el servicio de protección a la infancia no puede iniciar una derivación a un programa concreto ni a ninguna otra medida de apoyo a la parentalidad sin realizar antes una evaluación independiente de las condiciones de cuidado que respalde (o no) la probabilidad de una relación causal entre la medida propuesta y la mejora de las cuestiones concretas que suscitan preocupación. Además, salvo por decisión de la Comisión Provincial de Bienestar Social (Child Welfare Act 1992, §4–4), toda iniciativa de apoyo familiar está supeditada a la participación voluntaria tanto de los menores como de sus figuras parentales.

Refiriéndose en particular a los casos en que el servicio de protección a la infancia recibía una notificación de este tipo tras un procedimiento judicial, en el que la decisión de participar en un programa terapéutico concreto formaba parte de un acuerdo o de una resolución judicial, una persona técnica explicó:

«A menudo nos sentimos… atados por lo que pide el tribunal. Es que no encaja en el sistema. […] Según la Ley de Protección a la Infancia, no podemos pasárselo sin más a [el equipo que trabaja en] apoyo familiar. Tenemos que investigar. ¿Y qué vamos a investigar, entonces? Podemos optar por que la evaluación consista simplemente en la resolución judicial, una conversación con cada una de las partes y con los menores, y seguir adelante. Pero quizá deberíamos ser mucho más rigurosos con la necesidad de hablar a fondo con los menores, para asegurarnos de que saben lo que se ha decidido. […] Pero eso supone abrir una investigación completa, lo que implica mucho trabajo antes de que el caso pueda pasar a apoyo familiar».

Del mismo modo, desde el punto de vista del personal técnico de protección a la infancia, como procedimiento estandarizado, resultaba excesivamente engorroso que una persona terapeuta del centro de orientación familiar enviara una notificación de preocupación pidiendo al servicio de protección a la infancia que le volviera a derivar una familia concreta para participar en un programa que el propio centro de orientación familiar ya gestionaba. «Si yo fuera madre o padre en esa situación, en el centro de orientación familiar —dijo una persona técnica—, habría pensado: “¿por qué tengo que pasar por protección a la infancia? ¡Ya estoy aquí! Acepto la oferta de participar en el programa, pero no entiendo por qué tenéis que denunciarme a protección a la infancia”. Así es como pensaría yo».

La petición de derivación formulada en la notificación de preocupación, sumada a la necesidad de realizar una evaluación que cumpliera los requisitos formales de la legislación de protección a la infancia, incluida la condición de que la participación en una intervención de apoyo familiar iniciada por protección a la infancia sea voluntaria por parte de las figuras parentales, dejaba al personal técnico la sensación de tener muy poco margen de maniobra en estos casos concretos. A menudo, según una persona técnica, veían que su trabajo en el proceso de evaluación resultaba estresante para las familias y que ello hacía escalar el conflicto con frecuencia. En esta situación, varias personas técnicas señalaron que pasar demasiado tiempo a solas con una de las figuras parentales (en lugar de hablar solo con ambas a la vez) entrañaba el riesgo de que la persona técnica tomara partido subjetivamente en el conflicto o, al menos, de dar a la otra parte motivos para sospechar parcialidad. Aunque todo el personal técnico entrevistado tenía una experiencia limitada en la derivación de familias a programas concretos ajenos a su propio servicio, todo él tenía amplia experiencia en «perder» casos debido a acusaciones de una de las partes de que la evaluación de protección a la infancia no se había realizado desde una postura objetiva. Así, el circuito institucional de preocupación, evaluación y derivación entre las instituciones implicadas comportaba una secuencia de fronteras institucionales que dificultaba que otras preocupaciones, distintas de las dirigidas al conflicto como fenómeno en sí, pasaran de la inquietud personal a alguna forma de realidad conversacional.

En la siguiente sección me centro en una preocupación que destacó al analizar las entrevistas con las figuras parentales. Esta preocupación concreta tenía que ver con la experiencia de que el conocimiento sobre la violencia o sobre el consumo de drogas de una de las figuras parentales parecía desaparecer o diluirse en cuanto una situación se etiquetaba como caso de alta conflictividad.

Silenciar las preocupaciones

Entre las figuras parentales que dijeron que la violencia era para ellas un motivo importante de preocupación, una experiencia compartida era que sus referencias a la violencia se habían catalogado como acusaciones falsas o, sencillamente, el personal profesional no las había registrado.

Al relatar su camino hasta el programa grupal multifamiliar en relación con el cual fue entrevistado, Ole describió una compleja disputa de custodia que se había desarrollado a lo largo de varios años. Su historia incluía tres rondas distintas de litigio judicial, la activación del contacto con varios servicios municipales de salud y bienestar, la sospecha de que la madre consumía drogas ilegales y la acusación de que había sido violenta antes de la ruptura. Según su experiencia, el personal de protección a la infancia y de orientación familiar interpretó esta situación como una «pelea tradicional». Con ello se refería a que la situación se describía como una en la que cada parte acusaba injustamente a la otra de ejercer mal su papel parental, y ambas fracasaban conjuntamente en proteger a la niña o al niño de escuchar esas acusaciones. Sobre esta base, dijo, la situación se definió como de «alta conflictividad» y el servicio de protección a la infancia la derivó al centro de orientación familiar para evaluar su participación en la terapia grupal. Allí se les recibió como dos figuras parentales que contribuían por igual al conflicto y que, por tanto, eran igualmente responsables de él. En sus palabras, esta visión se comunicaba mediante frases como «tenéis algunas cosas pendientes que arreglar», «tenéis que tomar las riendas de esta situación» y «no podéis seguir así». Dijo que entendía la lógica de esta perspectiva y que habría sido mucho mejor que lo que tuvieran que hacer fuera resolver cuestiones prácticas y comprometerse a tratarse con más decoro:

«Y no lo otro, con mentiras, violencia, drogas y todo eso. Y luego protección a la infancia dice: “recomendamos el centro de orientación familiar”. Pero eso es como… es eso o promover una medida de tutela. La verdad es que no tienen mucho más que decir. Aun así, he decidido seguir adelante porque me gustó el equipo terapéutico que conocimos. Parecía muy profesional, objetivo y equilibrado».

Aunque la definición de su situación como una en la que ambas figuras parentales eran mutuamente responsables y contribuían por igual no encajaba con su propia experiencia, él entró, pese a todo, en las relaciones sociales del caso generalizado de divorcio de alta conflictividad y eligió implicarse en ellas.

Randi, una madre entrevistada cuatro meses después de haber participado en el grupo multifamiliar, explicó que el grupo marcaba para ella, de momento, el punto final de una larga serie de intervenciones con profesionales en lo que describía como su labor para «salvar» a sus criaturas. Este había sido su principal objetivo desde que las criaturas le contaron que su padre a veces las maltrataba físicamente cuando se quedaban con él (una semana de cada dos). Sin embargo, el padre negó que hubiera violencia, convirtiendo la situación en una de «palabra contra palabra». Según su experiencia, la falta de pruebas tangibles de la violencia desvió la atención del personal profesional del contenido de su preocupación, para centrarla en la manera acalorada e insistente en que la comunicaba. Sus intentos anteriores de buscar ayuda incluían mediaciones repetidas, terapia en los servicios de salud mental tanto para ella como para sus criaturas, y una evaluación seguida de asesoramiento y apoyo a la parentalidad por parte de los servicios de protección a la infancia:

«No sentí que la mediación ni nada de lo demás me ayudara. Suena tan bonito: “escuchamos a la infancia”. Mi peque vino a la mediación y dijo: “quiero quedarme con mi madre”, y nadie hizo nada. “Es el conflicto, es el conflicto”, dicen. Vale. Hace mucho que no tengo una pelea con ese hombre. Aun así, él tira a mi criatura al suelo. Así que no me vengan con el conflicto».

En la experiencia de esta madre, sus referencias a la violencia del padre se interpretaron como una acusación falsa. Para las distintas personas profesionales que atendieron a la pareja, esto parece haber hecho encajar la dinámica de la relación entre ella y su exmarido en un patrón «típico» de divorcio de alta conflictividad, designando así como problema la alta conflictividad como fenómeno objetivado, y no las acciones reales, materiales y localizadas de las personas. Dentro de esta organización social, se dio prioridad a determinados comportamientos conflictivos en detrimento de las cuestiones a las que esos comportamientos, tal como los entendía la madre como sujeto que actúa, respondían según su experiencia.

El trabajo del personal técnico de protección a la infancia

En las entrevistas con el personal técnico de protección a la infancia, varias personas participantes refrendaron los mismos dilemas que planteaban las familias, en particular la posibilidad de considerar erróneamente como acusaciones infundadas la información sobre violencia o consumo de drogas. «Pero como el caso está [definido como] de alta conflictividad, no entramos en ello», dijo una técnica. Describió el dilema como una disyuntiva entre avivar el conflicto si actuaban a partir de la información o pasar por alto casos de maltrato real si no lo hacían. Al describir cómo entraría en el sistema de protección a la infancia un caso típico de alta conflictividad si la notificación de preocupación la enviaba una de las propias figuras parentales, una persona técnica explicó:

Persona técnica: «En esos casos… a menudo la notificación de preocupación menciona problemas de salud mental o de consumo de drogas. Afirmaciones de que la otra parte consume drogas. En algunos casos, las cuestiones tienen más que ver con que la otra parte no hace las cosas como es debido…».

Persona entrevistadora: «Como el seguimiento de los deberes, quizá…».

Persona técnica: «… o que la niña o el niño siempre lleva la ropa sucia después de estar con la otra parte, muchos detalles, que por supuesto pueden resultar importantes, pero en los que… bueno, es… son casos que te pueden pesar mucho. Porque [las figuras parentales] se enredan tanto en los detalles y no… […], y creo que es entonces cuando podemos empezar a entenderlo como una falta de conciencia, o como una falta de capacidad para verse como parte de la situación».

En este relato, cabe plantear como hipótesis una disyunción en el momento en que el contenido de las preocupaciones expresadas por las figuras parentales queda subordinado, mientras que la forma retórica general en que se comunican esas preocupaciones pasa a ocupar el centro de la escena. Este desplazamiento hace que lo que ocurre sea tratable como un caso de alta conflictividad (y no como un caso en el que se sospecha que una de las figuras parentales no dispensa los cuidados adecuados).

Cuando el personal técnico de protección a la infancia derivaba familias a intervenciones concretas de terapia familiar, la desescalada del conflicto no se consideraba el único resultado posiblemente valioso del proceso. Un resultado desfavorable, es decir, que los esfuerzos terapéuticos no produjeran el cambio deseado, podía servir para construir un expediente de protección a la infancia con vistas a una posible medida de tutela o animar a una de las figuras parentales a iniciar un procedimiento de custodia ante los tribunales. Describiendo la Ley de Protección a la Infancia como estricta y rígida, y la potestad de retirar la guarda de los menores como una amenaza latente que disuade a muchas familias de cooperar con los servicios de protección a la infancia, un técnico explicó que, a su entender, el servicio de orientación familiar era una institución más acogedora y con mayor vocación de servicio. Si una persona técnica derivaba a una familia al servicio de orientación familiar y después recibía de vuelta una notificación de preocupación en la que se describía a una o ambas figuras parentales como reacias a cooperar con el equipo de terapia familiar, ello contribuía a construir el expediente de desatención como consecuencia del conflicto parental. «Cuando te lo sirven en bandeja, cuando la gente no te desea más que el bien y solo quiere ayudarte, y tú te niegas, ¿quién eres entonces? ¿Cómo piensas?», dijo una persona técnica.

Los ejemplos anteriores ilustran cómo un discurso de gobierno textualizado específico sobre la parentalidad tras el divorcio y los desacuerdos parentales operaba para posicionar tanto a las figuras parentales como al personal profesional. Al relacionarse entre sí a través de secuencias de interacción organizadas textualmente, entraban en las prácticas de gobierno contenidas en los textos y participaban activamente en ellas. Dentro del circuito institucional concreto aquí explorado, describir una dinámica relacional interpersonal como de «alta conflictividad» atrapaba el momento local en un conjunto de relaciones discursivas organizadas en torno a una comprensión del conflicto como un modo disfuncional de ejercer la parentalidad. Ello creaba barreras que dificultaban la formulación de otras preocupaciones, como la inquietud por una violencia o un consumo de drogas persistentes.

Parentalidad paranoica

Varias figuras parentales expresaron la sensación de estar bajo vigilancia constante por haber sido identificadas como parte de un caso de divorcio de alta conflictividad. Algunas utilizaron la palabra «paranoia» para describir lo que vivir en esta situación durante mucho tiempo les estaba haciendo. Tras dieciocho meses de contacto con protección a la infancia como consecuencia de la preocupación por los efectos del conflicto en sus criaturas, Martin explicó que «durante el último año y medio, toda mi vida y la vida de mis criaturas han estado bajo una lupa. […] Puf, todo se ve afectado». Ivar describió su experiencia de estar siendo evaluado por protección a la infancia como «que te evalúen de arriba abajo […] sin recibir nunca ninguna devolución, simplemente evalúan… te quedas atrapado en una evaluación interminable en la que te pasas el tiempo sintiéndote el peor padre del mundo, como, ¿qué estoy haciendo mal, si nunca se retiran, por así decirlo?». Maria explicó:

«Todo el mundo que ha tenido contacto con protección a la infancia o ha pasado por un juicio de custodia dice lo mismo. De repente piensas… cuando tu hija hace cualquier cosa: ¿cómo se ve esto desde fuera? ¿Qué dirá mi hija de esto cuando alguien le pregunte? La mayoría de las familias nunca tienen que plantearse estas cosas. Y entonces pienso: eso es la libertad».

Linda había pasado los dos años transcurridos desde la separación en diálogos con los servicios de salud mental infantil, los servicios de psicología escolar, la enfermería de salud y el servicio de medicina de familia de ella y de sus criaturas, antes de participar en el programa grupal multifamiliar en relación con el cual fue entrevistada. Explicó que la sensación de no ser tomada en serio ni comprendida por el personal profesional, en particular en el servicio de protección a la infancia, la había llevado a documentar casi todo lo que ocurría en su vida y en la de sus criaturas. «Lo meto todo en archivadores. Todo… lo que puedo conseguir. Pero aun así, eso supone… un montón de horas que podría haber dedicado a otra cosa». Creía que habría sido mucho mejor para sus criaturas que les hubiera dedicado su energía, en lugar de agotarse documentando su desdicha. «Y en… servicios públicos que no han demostrado ser realmente útiles… ni de ayuda… para las criaturas».

Discusión

Con los conceptos y el modo de indagación de la etnografía institucional, he tratado de explorar un pequeño segmento de la organización social del divorcio de alta conflictividad tal como se hacía visible desde el punto de vista de madres y padres noruegos que acudían a servicios dedicados a las preocupaciones posteriores al divorcio. La finalidad de los procedimientos institucionales estudiados era ayudar a identificar a las familias en dificultades por un divorcio de alta conflictividad y establecer una oferta de servicios de terapia familiar razonable y profesionalmente sólida. Centrándose en las disyunciones entre la experiencia subjetiva y el conocimiento institucional, el análisis ha puesto de manifiesto cómo las acciones de figuras parentales y profesionales se moldean al implicarse en la organización social incorporada a los procedimientos que constituyen este circuito institucional concreto. A veces, ello propicia trayectorias de acción que entran en conflicto con lo que las propias personas implicadas saben y aquello que les importa.

Este estudio concreto no debe interpretarse como una crítica del trabajo que realiza el personal profesional. Tampoco aporta un argumento contra la implicación del Estado en los asuntos familiares. Señala, en cambio, el intrincado entrelazamiento de experiencia individual y orden organizativo que caracteriza la organización social del conflicto tras el divorcio. Aunque algunas de las figuras parentales entrevistadas para este estudio valoraban los servicios prestados por profesionales, muchas afirmaron que su relación con los servicios institucionales no había contribuido a resolver el conflicto ni a mejorar su vida. En algunos casos, había llevado a las figuras parentales a adoptar gradualmente frente a sí mismas una perspectiva de gobierno en tercera persona, documentando su propia desgracia y la de su descendencia a falta de alternativas viables que contaran como acción dentro del orden institucional.

En una revisión sistemática de la literatura sobre investigación cualitativa acerca de la experiencia parental de relaciones coparentales de alta conflictividad tras el divorcio, Francia et al. (2019) resumen que la preocupación por estilos de crianza diferentes, o por la capacidad de la otra parte para cuidar adecuadamente a la niña o al niño, figuraba entre los ingredientes más comunes en las descripciones parentales de los conflictos. Las experiencias y los motivos expresados por las figuras parentales entrevistadas en el presente estudio encajan en su mayoría con estas descripciones. Los presentes resultados ponen además de relieve el riesgo de perder de vista las preocupaciones que llevan a las personas a acudir a los servicios sociales o terapéuticos en primer lugar. Treloar (2018, 2019), entrevistando a personas adultas canadienses que habían vivido un divorcio de alta conflictividad, constató que, aunque muchas de las personas participantes consideraban que habían hecho lo que estaba en su mano para sacar el mejor partido de la situación para sí mismas y para su descendencia, seguían sintiéndose estereotipadas, juzgadas, encasilladas y etiquetadas por el personal profesional. El presente estudio sugiere que abordar estas experiencias en términos de las relaciones de gobierno que enganchan las preocupaciones parentales a los servicios jurídicos, sociales y terapéuticos puede ampliar nuestra comprensión de cómo llega a ocurrir esto. A lo largo de secuencias institucionalizadas de encuentros en las que se producen textos institucionales, la experiencia personal vivida se abstrae y se traduce para hacerse inteligible dentro de un discurso profesional, sancionado en directrices oficiales y por la autoridad jurídica y científica. Ello opera para categorizar las situaciones y preocupaciones de las personas de maneras que las hacen institucionalmente tratables como casos de alta conflictividad. Sin embargo, la acción institucional posterior puede vivirse a veces como irrelevante o incluso alienante.

De los sistemas familiares al entrelazamiento social

El modelo concreto de terapia multifamiliar en el que todas las familias del presente estudio estaban a punto de participar o ya habían participado (el programa «No Kids in the Middle»; véase No Kids in the Middle 2020; van Lawick & Visser, 2015) anima al equipo terapéutico a considerar el conflicto parental como un fenómeno sistémico que se extiende más allá del núcleo formado por menores y figuras parentales. El trabajo terapéutico conforme a este modelo incluye una o varias reuniones de red a las que pueden invitarse integrantes de las redes privadas de las familias, como abuelas y abuelos, la fratría o nuevas parejas, y a veces el profesorado de los menores o colegas de trabajo de las figuras parentales. La razón es que las personas de la red a menudo participan activamente en el conflicto tomando partido, con lo que contribuyen a una dinámica de conflicto más que a su desescalada o resolución (van Lawick & Visser, 2015).

El presente estudio respalda una comprensión aún más amplia de la dinámica de los conflictos parentales. Señala cómo las relaciones de gobierno translocales de los documentos de política, las directrices profesionales y los procedimientos locales operan a veces para levantar fronteras institucionales que impiden tanto a las figuras parentales como al personal profesional relacionarse con las cuestiones en disputa y de preocupación como algo distinto de un patrón recíproco de divorcio de alta conflictividad. Johnson, Roseby y Kuehnle (2009) sostienen que la retórica profesional favorece a veces el crecimiento de los mismos fenómenos que aborda con la esperanza de resolverlos o prevenirlos. El presente estudio muestra cómo esto ocurre a veces en intercambios situados entre figuras parentales y profesionales. Propongo que puede entenderse como respuestas subjetivas a las relaciones sociales objetivadas, o de gobierno, que se materializan cuando las relaciones de gobierno translocales se activan repetidamente en entornos locales en los que el personal profesional sigue el procedimiento. Ello plantea la pregunta de qué alimenta la desconfianza generalizada, la mala comunicación, el desprecio, la desconsideración, la polarización y la impermeabilidad a posiciones o argumentos racionales (Kelly, 2003) que profesionales observan a veces en las figuras parentales de los casos de divorcio de alta conflictividad (McIntosh, 2003).

Para quienes ejercen en este campo, ello indica que es crucial considerar el «divorcio de alta conflictividad» no solo como un concepto útil que remite a un tipo particular de dinámica interpersonal; también puede entenderse como un marco regulador (Smith, 2005) que organiza las relaciones sociales translocales en las que (o frente a las que) se realiza y se vive localmente. Para cada profesional, su propia implicación —por qué intervenir, cómo abordar la situación, cuándo, dónde y cómo intervenir (o abstenerse de hacerlo)— forma ya parte de este complejo institucional. Por ello, a veces resulta difícil distinguir la intervención útil de la continuación, o incluso del refuerzo, de los procesos que sostienen y alimentan los conflictos.

Implicaciones para la práctica

McIntosh (2003) insiste en que la investigación que documenta las consecuencias negativas del conflicto posterior al divorcio para la infancia debería advertir a profesionales de que «seguir trabajando de maneras que no creen activamente un enfoque centrado en la infancia ya no puede considerarse una buena práctica en la resolución primaria de disputas». El presente estudio ofrece un retrato complejo de lo que sucede cuando figuras parentales y profesionales se relacionan para hacer realidad esa agenda. A medida que el personal profesional produce, con conocimiento y competencia, las prácticas que se esperan y que tienen sentido en sus respectivos entornos institucionales (Rankin, 2015), la experiencia y el conocimiento subjetivos de las personas que constituyen conjuntamente cada caso de divorcio de alta conflictividad corren el riesgo de pasarse por alto. A veces, esto parece desembocar en una sensación de alienación y de falta de capacidad de acción por parte de las figuras parentales que difícilmente puede imaginarse como un resultado positivo para nadie, y menos aún para la infancia. Sin embargo, las relaciones de gobierno translocales que inspiran estas prácticas, en forma de guías de práctica, políticas y normas jurídicas, se elaboran todas explícitamente con el «interés superior del menor» como preocupación última.

Este estudio pone de relieve la importancia de ver las acciones de las personas implicadas —tanto las personas de la familia como el personal profesional de los servicios institucionales contiguos con los que las familias entran en contacto— no solo como expresión de posiciones fijas, características intrapersonales o patrones interpersonales de comunicación. También podemos entenderlas como respuestas acotadas por relaciones de gobierno translocales que organizan las situaciones mismas en las que se busca y se ofrece ayuda. Tomar conciencia de ello podría hacer visible cómo la implicación en las relaciones de gobierno que organizan estos intercambios levanta a veces fronteras institucionales que hacen que cualquier respuesta distinta de seguir la corriente parezca inalcanzable. Esto invita a una práctica reflexiva en la que profesionales presten atención a sus propias posiciones y a las de los demás dentro del circuito institucional, y entablen diálogos al respecto con las figuras parentales y los menores.

Coda: acción local

Desde su inicio (en septiembre de 2017), parte de la motivación del proyecto de investigación del que forma parte este artículo ha sido contribuir a crear las condiciones para una práctica reflexiva local de este tipo. Con ese fin, en el marco de la investigación, participé dos veces al año en un foro de colaboración conjunto. Allí, terapeutas que trabajaban con el programa concreto de intervención multifamiliar del que se captó a todas las figuras parentales participantes en este estudio (el modelo «No Kids in the Middle» (van Lawick & Visser, 2015)) en la región noruega de Agder, junto con sus equipos de dirección administrativa, se reunían con representantes de los servicios de protección a la infancia y de los tribunales de distrito para compartir experiencias e inquietudes y debatir nuevos esfuerzos conjuntos para mejorar los servicios institucionales destinados a las familias en situaciones de divorcio de alta conflictividad. En estas reuniones se informaba sobre el proceso de investigación y los resultados emergentes, que se debatían con las personas profesionales participantes. Cuatro terapeutas de uno de los centros de orientación familiar que coordinan la práctica de grupos multifamiliares en Agder leyeron el primer borrador del manuscrito de este artículo y participaron en un debate sobre los resultados. Respondieron que las preocupaciones planteadas en el manuscrito resonaban con sus propias experiencias y con inquietudes que habían sentido sin encontrar siempre formas productivas de expresarlas. Como resultado de estos debates, se decidió poner en marcha un foro mensual de diálogo sobre los servicios institucionales destinados a figuras parentales y menores que afrontan conflictos persistentes y otras preocupaciones tras la separación o el divorcio. En él se invitará a terapeutas de este centro de orientación familiar y a la ciudadanía, las organizaciones y los servicios públicos de las comunidades a las que atiende a compartir experiencias, reflexiones e ideas sobre lo que deberían implicar unos buenos servicios institucionales en este ámbito concreto.