1. Introducción

Un importante corpus de investigación crítica sobre las experiencias de madres, padres, niños y niñas en contacto con el sistema de protección infantil, escrito en los últimos 20 años, indica que a menudo viven el proceso como intimidante, confuso, vergonzoso y humillante (Ghaffar et al. 2012; Gupta et al. 2018; Gibson 2020; Warner 2015). Situar en primer plano de la investigación las voces de las familias y de la infancia ha resultado inestimable, y estas voces constituyen un componente crucial del desarrollo de un corpus crítico de conocimiento sobre el bienestar infantil. Sin embargo, la mayoría de los estudios en este campo examinan la vida de las familias, de la infancia y de la juventud sin prestar atención a su implicación en el proceso (Flinders et al. 2016). Así, en estos estudios se recogen y se hacen oír las perspectivas de las familias y de la infancia, pero estas apenas participan en la formulación de las preguntas de investigación, en la recogida o el análisis de los datos, ni en la interpretación de los resultados y la formulación de recomendaciones. Además, una vez que han compartido sus perspectivas y sus conocimientos, las personas participantes suelen quedar desvinculadas de las fases siguientes y no llegan a conocer el impacto de estos estudios en la realidad (Critchley and Mitchell 2020).

En este artículo presentamos un proyecto que intenta ejemplificar y conceptualizar cómo y por qué la coproducción puede ser un componente esencial de los estudios críticos sobre protección infantil. El proyecto, al que nos referimos a lo largo del artículo como la «consulta», se desarrolló en respuesta a la Independent Review of Children’s Social Care (IRCSC) en Inglaterra (en adelante, la «Care Review»). Impulsada por la Parents, Families and Allies Network (PFAN), la consulta reunió a madres, padres y personas aliadas de diversas organizaciones para coproducir un informe que, por un lado, señala las deficiencias del sistema de servicios sociales de infancia y, por otro, ofrece recomendaciones claras sobre los cambios necesarios. La consulta forma parte de un proyecto más amplio de la PFAN que consiste en trabajar para lograr cambios fundamentales, pasando de los discursos actuales de protección y rescate de la infancia a discursos centrados en los derechos de la infancia y en el fortalecimiento de las familias y las comunidades. El informe se publicó en línea el 14 de febrero de 2022 y se presentó a la Care Review. Tuvo eco en los medios de comunicación y en las revistas de trabajo social.

Este artículo se basa en ese informe y fue escrito en 2022 por un equipo de progenitoras (Taliah Drayak y Tammy Mayes) y de personas aliadas (Simon Haworth, Andy Bilson y Yuval Saar-Heiman) de la PFAN. La idea de transformar el informe en un artículo para este número especial, sugerida por una de las personas aliadas, suscitó un debate sobre el valor y el impacto de publicar en una revista académica. Por un lado, reconocemos el valor de consolidar las opiniones de las familias en el discurso académico. Por otro, somos conscientes tanto de la escasa influencia que un artículo así tendría en las políticas como de su limitada pertinencia para las familias en contacto con los servicios. Esta ambivalencia persistió a medida que avanzaba el trabajo. La necesidad de adaptar los mensajes del informe, deliberadamente crudos y sencillos, a un artículo académico generó una tensión entre la aspiración de mantener el artículo lo más cerca posible del informe, es decir, centrado únicamente en presentar las voces de las familias, y el objetivo de utilizar el informe como punto de partida para debates más amplios, es decir, analizar el proceso de coproducción. Como es lógico, a las madres les preocupaba que la vía académica relegara a un segundo plano las voces de las familias, que constituyen el núcleo del informe.

Tras varios debates, borradores y comentarios de las personas revisoras, logramos formular dos objetivos para este artículo: (1) ofrecer una visión crítica del sistema inglés de protección infantil basada en las opiniones de las familias y situar estas opiniones en el marco de los estudios contemporáneos sobre protección infantil, y (2) presentar el valor de la coproducción en el contexto de los estudios sobre protección infantil, tanto como forma de investigación crítica como medio para influir en las políticas y en la práctica.

Así pues, el artículo comienza con una descripción del contexto en el que se puso en marcha la Care Review. A continuación, describe la consulta: quién participó en ella y cómo se llevó a cabo. Después, presenta siete ámbitos clave del sistema que las personas participantes en la consulta identificaron como necesitados de cambio. Cada sección comienza exponiendo las opiniones compartidas en la consulta, relaciona después estas opiniones con la literatura académica y termina con nuestras recomendaciones de cambio hacia formas de trabajar más humanas y solidarias. En la discusión sostenemos que la coproducción debería ser un componente esencial de la investigación crítica en protección infantil y reflexionamos sobre las posibilidades transformadoras de la coproducción en la investigación crítica, rasgo clave de este artículo y de la propia consulta.

El contexto de la consulta: el «Case for Change» (CfC)

La Care Review es la más reciente de las numerosas revisiones de los servicios sociales de infancia realizadas en el Reino Unido en los últimos 30 años. En junio de 2021, cinco meses después de su puesta en marcha, la Care Review publicó el informe Case for Change (CfC) (IRCSCE 2021), descrito como un «…primer intento de sintetizar lo que hemos escuchado hasta ahora y de exponer con transparencia cuáles creemos que son los mayores problemas de los servicios sociales de infancia» (IRCSCE 2021, p. 5). El informe pretendía esbozar las principales cuestiones que debían cambiar en el sistema de servicios sociales de infancia. Afirma que «[l]as experiencias y los resultados de los niños, niñas y familias nos dicen que los servicios sociales de infancia necesitan cambiar» (IRCSCE 2021, p. 10) e indica que «el sistema está sometido a una presión considerable: se investiga a más familias, hay más menores bajo tutela y los costes se disparan, ya que el dinero se destina cada vez más a la intervención en crisis» (IRCSCE 2021, p. 10). El CfC reafirmó los llamamientos a un cambio sustancial formulados en los últimos veinte años por investigadoras e investigadores británicos del trabajo social (p. ej., Bywaters, Featherstone, Gupta, Morris, Parton y White).

Las cuestiones clave que el CfC identificó como necesitadas de cambio eran:

• Apoyo ofrecido a las familias: hay que ofrecer más ayuda a las familias y a las comunidades, abandonando una cultura de evaluación e investigación de las familias en favor de una cultura de apoyo y ayuda cuya eficacia se ha demostrado;
• Reequilibrar el sistema: los servicios sociales de infancia se centran actualmente en el extremo agudo del sistema: la protección infantil y los procedimientos de tutela. Es necesario reequilibrar el sistema para ofrecer a las familias un apoyo eficaz y a tiempo;
• Cambio cultural: los servicios sociales de infancia son actualmente burocráticos, rígidos en sus normas y confrontativos, lo que deja poco o ningún espacio para el trabajo de apoyo basado en la relación, que es clave para ayudar a las familias;
• Un sistema con una finalidad clara: los servicios sociales de infancia necesitan una finalidad clara y una coordinación mucho mejor entre servicios y organizaciones, a escala nacional y local, para apoyar a las familias y a las comunidades y actuar con decisión para garantizar la seguridad de la infancia;
• Una toma de decisiones clara y basada en la evidencia: en la actualidad, la toma de decisiones es incoherente y a menudo no es lo bastante buena. Que profesionales del trabajo social cualificados y bien respaldados tomen decisiones claras es clave para un sistema eficaz;
• Tiempo directo con las familias: hay que respaldar a las y los profesionales del trabajo social para que puedan dedicar más tiempo a trabajar directamente con los niños, niñas y sus familias. Actualmente hay demasiada burocracia y aversión al riesgo;
• Las relaciones de la infancia y la juventud: hay que apoyar a los niños, niñas y jóvenes bajo tutela para que mantengan y construyan relaciones positivas y afectuosas, pero hoy en día los sistemas suelen romper o cortar sus vínculos importantes;
• Pobreza y otras desventajas: las desigualdades y desventajas sociales desempeñan un papel importante en el maltrato infantil y en la intervención del Estado en la vida familiar, pero los sistemas no prestan una atención efectiva a ese papel. Esto tiene que cambiar.

Aunque buena parte del contenido del CfC resultó convincente para las personas miembros de la PFAN, incluida su descripción de los efectos de las prácticas y los sistemas actuales, surgieron inquietudes sobre cuestiones que se habían pasado por alto o no se habían explorado a fondo, y sobre la manera en que se llevarían a la práctica las conclusiones. En primer lugar, el ciclo de investigaciones crecientes y de culpabilización de las familias puede continuar, por lo que un cambio transformador es urgente y necesario, y pasar de una cultura de culpabilización parental y de rescate de la infancia a una auténtica colaboración y participación resulta fundamental para avanzar. En segundo lugar, las familias soportan una presión y una tensión inmensas y crecientes, y el aumento de la pobreza, de la desigualdad y de la intervención del Estado en la vida familiar genera toda una serie de problemas. Estas inquietudes dieron lugar a la consulta descrita a continuación y a la posterior identificación, en el informe de la PFAN (2022) mencionado más arriba, de siete ámbitos clave en los que se necesitan cambios urgentes (véase https://www.pfan.uk/response-to-case-for-change-by-parents-families-and-allies-network-pfan/).

Es importante recordar que las cuestiones aquí señaladas siguen generando obstáculos importantes a la implicación de las familias, muy pocas de las cuales se sienten implicadas o respetadas en su relación con los servicios sociales de infancia (Dale 2004; Wilkins and Forrester 2021). El grado de satisfacción con estos servicios es bajo, y las familias suelen experimentar sentimientos de vergüenza como consecuencia de su contacto con ellos (Gibson 2020; Wilkins and Forrester 2021). Más allá del niño o la niña, a quien el sistema aísla como objeto de una atención inquebrantable, están sus progenitores, que a menudo se quedan con la sensación de ser prescindibles y de haber sido desechados. Las madres y los padres se sienten juzgados, silenciados y castigados, y pierden su identidad al relacionarse con sistemas escasos en humanidad y en cuidado (Clapton 2020).

2. La consulta

La publicación del CfC suscitó muchas reacciones entre quienes trabajan por un cambio en el sistema de protección infantil. Las personas miembros de la PFAN se mostraban especialmente escépticas respecto al peso que la revisión concedía a las voces y opiniones de las personas expertas por experiencia. Esto dio lugar a un debate entre Andy Bilson, Taliah Drayak y Tammy Mayes, que firman este artículo, que concluyó con la decisión de empezar a trabajar en una respuesta coproducida al CfC. En la primera fase, el equipo ejecutivo de la PFAN (Simon Haworth, Andy Bilson, Taliah Drayak y Tammy Mayes) mantuvo una serie de conversaciones exploratorias y acordó que una auténtica coproducción era crucial, en el entendimiento de que todas las personas implicadas tendríamos que compartir el poder y trabajar por un empoderamiento real. Estos objetivos exigieron diversas prácticas a lo largo del camino, como volver periódicamente sobre las cuestiones de comprensión compartida y de implicación informada, así como reprogramar con regularidad las reuniones para garantizar que todo el mundo pudiera participar plenamente.

El trabajo interno de la PFAN condujo a la elaboración de un conjunto de preguntas orientativas para la consulta, así como de una lista de organizaciones y grupos de madres y padres que podrían estar interesados en participar en la coproducción de una respuesta basada en una consulta estructurada. La PFAN se dirigió a 13 organizaciones que contaban con familias empoderadas y que se centraban en cambiar el sistema de protección infantil mediante la innovación y una participación auténtica, y les pidió que contribuyeran a la consulta. Cinco organizaciones respondieron a la invitación. Los datos de las organizaciones participantes figuran en el recuadro 1. Las madres y los padres de estos grupos tienen una experiencia amplia y variada con los servicios sociales de infancia. Entre estas familias había quienes habían visto cómo se retiraba a sus hijos e hijas para un acogimiento de larga o corta duración o para su adopción, en algunos casos al nacer; quienes necesitaban servicios a causa de una discapacidad; quienes habían sido objeto de investigaciones de protección infantil; y quienes tenían a su cargo menores en situación de necesidad.

Entre las organizaciones participantes figuraban:

• Una que ofrece apoyo terapéutico a familias derivadas a los servicios sociales de infancia por sospechas de maltrato infantil;
• Una que aplica un enfoque centrado en la familia en su conjunto para ofrecer un apoyo integral y que presta servicios de salud mental y servicios sociales tanto a la infancia como a la población adulta;
• Un organismo nacional que hace campaña a favor de la defensa entre pares y la promueve;
• Una red de madres y padres de niños y niñas con discapacidad;
• Dos proyectos creados con el apoyo de un servicio social de infancia para asesorar sobre políticas y prácticas, que ofrecen apoyo entre pares a las familias.

A partir de la aspiración inicial de elaborar una respuesta que señalara las deficiencias del sistema de servicios sociales de infancia y propusiera recomendaciones claras sobre los cambios necesarios, el equipo de la PFAN formuló los siguientes puntos como base para los debates en cada una de las organizaciones:

• Los principales problemas que viven las familias con los servicios sociales de infancia;
• Ejemplos de cómo se han superado o atenuado, o podrían superarse o atenuarse, estos problemas;
• Cualquier ámbito en el que los servicios sociales de infancia u otros servicios hayan resultado útiles;
• Cualquier idea sobre cambios concretos en los servicios sociales de infancia que permitirían avanzar respecto a los problemas identificados.

Para preparar la consulta se celebraron reuniones entre el equipo de la PFAN y representantes de cada una de las organizaciones. Cada grupo llevó a cabo su propia consulta y remitió respuestas por escrito a la PFAN. Debido a la diferente naturaleza de las organizaciones participantes, los métodos de recogida de información variaron: cada grupo buscó la manera más compasiva de ayudar a las familias y a las personas aliadas a compartir sus opiniones. Cuatro de las organizaciones eran pequeñas y celebraron reuniones; la otra utilizó encuestas en línea que recibieron varios cientos de respuestas. Las consultas se realizaron entre enero y marzo de 2022, y todas las organizaciones informaron de lo que habían compartido sus grupos de madres, padres y personas aliadas.

Una vez recibidas las respuestas, Andy Bilson realizó un primer análisis temático de ellas y puso de relieve los temas clave y los vínculos entre ellos (Braun and Clarke 2019). Se redactó entonces un borrador de informe con las principales conclusiones, que se difundió dentro de la PFAN y se subió a una carpeta de Google Drive que permitía a las personas miembros editar el documento. Un comentario de una de las madres que tuvo una influencia notable en el informe final fue que algunas partes del informe utilizaban jerga profesional y que el informe debía redactarse de forma sencilla y accesible. A partir de estos comentarios se elaboró otro borrador, que se hizo llegar a todas las personas que habían contribuido. Después se celebró una reunión con representantes de los grupos participantes para dar forma definitiva al informe, acordar las recomendaciones, planificar su presentación a la Care Review y ponerlo ampliamente a disposición de quienes tienen responsabilidades en los servicios sociales de infancia.

El informe se remitió a la Care Review y posteriormente se presentó, en una reunión en línea, a miembros de alto nivel de la revisión, incluido su presidente. Tras varios debates, las personas representantes de los grupos decidieron limitar el número de asistentes a la reunión para permitir una conversación eficaz con la revisión. La asistencia se limitó a tres personas por grupo y se dio prioridad a la presencia de madres y padres. La reunión estuvo presidida por Tammy Mayes, una madre con experiencia vivida. Además de la reunión con la Care Review, la difusión del informe incluyó una entrevista en la televisión nacional a Taliah Drayak, que representó a las personas participantes en la consulta. Por último, todas las organizaciones acordaron organizar un seminario web en el que se presentaría el informe. Representantes de cada organización expusieron algunas de las ideas surgidas de la consulta. El seminario web fue una parte importante del proceso, porque permitió que la comunidad de personas comprometidas con el cambio de la protección infantil se reuniera, se enorgulleciera de su trabajo y de sus conocimientos y estrechara los lazos entre sí.

La consulta se centró en la acción, en escuchar voces marginadas y en reclamar un cambio, y no fue un estudio empírico financiado. Se emprendió como respuesta a la Care Review. Por ello, no se consideró necesaria una aprobación ética académica formal. No obstante, de acuerdo con el «Code of ethics for social work and social care research» de Butler (2002), la consulta incluyó un esfuerzo constante por llevar a cabo una auténtica coproducción y un verdadero empoderamiento. Además, adoptamos una ética del cuidado centrada en las relaciones de apoyo, la construcción de la confianza y el cuidado (Held 2007). Esta conciencia ética se mantuvo durante todo el proceso y llevó a hacer hincapié en una transparencia que permitió a todas las personas participantes estar realmente informadas de las posibles implicaciones de su participación. Por ejemplo, mantuvimos varios debates con participantes a quienes preocupaba que la Care Review pudiera apropiarse de los resultados del trabajo o utilizarlos de forma meramente simbólica. Otra cuestión ética que recibió una atención considerable fue el bienestar de las personas participantes. Uno de los principales retos a los que se enfrentan las personas con experiencia vivida es comunicarse con públicos diversos para difundir más ampliamente sus mensajes (Beresford 2007). Como equipo, siempre fuimos atentos y nos aseguramos de que las personas miembros con experiencia vivida contaran con apoyo para compartir su experiencia y sus conocimientos. El empoderamiento fue clave en la consulta y en la manera en que se llevó a cabo, como un proceso orgánico fundado en las opiniones y los derechos de las familias, que culminó con dos madres como coautoras de este artículo.

3. Problemas clave y vías para avanzar

La consulta identificó siete ámbitos clave en los que se necesitan cambios urgentes. Esta sección examina cada uno de ellos, así como las vías propuestas para avanzar. En cada subsección se exponen las opiniones compartidas en la consulta y, a continuación, se relacionan con la literatura académica pertinente, anclando de paso esa literatura en la complejidad del mundo real.

3.1. Una mejor definición de la necesidad y una mejor respuesta a ella

Una de las principales preocupaciones planteadas en la consulta fue que los servicios sociales de infancia se centran sobre todo en la protección infantil y en la retirada para el acogimiento o la adopción. Las madres y los padres que participaron en la consulta sostuvieron que, en lugar de centrarnos en el riesgo y en servicios individualizados, deberíamos formular una definición más amplia de la necesidad y del apoyo. Señalaron los siguientes ámbitos como cruciales para crear entornos seguros para la infancia y sus familias: una vivienda segura y asequible, prestaciones suficientes, un empleo estable y bien remunerado y comunidades sólidas. Además, en este contexto son importantes los servicios de salud mental, la educación, las escuelas infantiles y el cuidado de la infancia, unos parques y bibliotecas inclusivos y accesibles, y los enfoques de salud pública del maltrato infantil. Las personas participantes afirmaron que, aunque el trabajo social debería apoyar a las familias en situación de pobreza, a menudo la pobreza se considera un indicador adicional de riesgo en lugar de un factor que amplifica la crisis y un motivo para ofrecer apoyo. Así lo mostró el siguiente ejemplo, relatado por una persona participante en la consulta:

Una madre se encontraba en un alojamiento de emergencia y, mientras esperaba su primer pago del Universal Credit, recurrió a un banco de alimentos para alimentarse y alimentar a su hijo o hija. En la audiencia para retirarle la custodia, su recurso al banco de alimentos se consideró prueba de un riesgo adicional para la criatura y se utilizó para respaldar la solicitud de retirada presentada por la autoridad local.

Aunque cada vez se reconoce más el impacto de la austeridad y de la pobreza en la implicación de las familias en el sistema de protección infantil (Bywaters et al. 2022), la investigación indica que el sistema actual tiende a ignorar la pobreza y sus duras repercusiones en la vida de las personas, mientras que los servicios generales para las familias se centran en servicios individualizados (Featherstone et al. 2018a; Morris et al. 2018). Además, centrarse en los riesgos que se perciben en los individuos puede impedir que las y los profesionales del trabajo social aborden el entorno en el que vive la familia (Taylor 2017).

A partir de la consulta, sostenemos que apoyar a las familias en estas dimensiones de su vida debería formar parte integrante de los servicios de infancia. Estos servicios deberían contar con una buena financiación y prestarse mediante colaboraciones con la infancia, las madres y los padres, las familias, los barrios y las comunidades. Proponemos que las organizaciones evalúen (con las familias) en qué medida sus prácticas tienen en cuenta la pobreza y que se propongan blindar frente a la pobreza las políticas y prácticas locales. Este proceso debería conducir a la prestación de apoyo económico y práctico para ayudar a la infancia y a las familias, con directrices cuidadosamente elaboradas sobre la manera de aplicar esa ayuda.

3.2. Colaboración, participación y práctica humana

Las madres y los padres que participaron en la consulta expresaron una profunda preocupación por sentirse avergonzados, humillados y excluidos al tratar con los servicios sociales de infancia. Existía una opinión compartida de que la intervención del trabajo social carecía de los elementos esenciales de la colaboración, la participación y la humanidad. Además, esa intervención se centra en los riesgos y los problemas, y no en la coproducción ni en las comunidades. Por último, la inestabilidad del sistema y la elevada rotación del personal dificultan la colaboración. Por ejemplo, las familias compartieron lo siguiente:

El problema es que todo son reuniones y ninguna prestación. Al personal profesional le falta tiempo; en trabajo social tienen que salir corriendo de las reuniones y no tienen tiempo para estar con las familias ni para ocuparse de los problemas que surgen.

La consulta constató que, en todo el Reino Unido, los grupos de defensa parental y los programas de colaboración con las familias de las autoridades locales se están desarrollando a partir de la necesidad y del reconocimiento de que el sistema de protección infantil no funciona cuando no apoyamos a las madres y los padres y les impedimos participar activamente en los sistemas de bienestar y de protección infantil.

Estos grupos emergentes ofrecen apoyo y orientación en línea y presencialmente. Algunas madres y algunos padres que han pasado por el sistema actúan como personas defensoras de otras familias que asisten a reuniones. Un ejemplo del trabajo realizado sin remuneración por una persona miembro de la PFAN (madre con experiencia vivida) muestra el impacto que puede tener la defensa parental entre pares:

En un caso reciente en el que he estado trabajando, la madre llevaba siete años con intervención del trabajo social. El caso se había estancado y la opinión sobre mamá se había cristalizado. Tras ocho meses trabajando conmigo, el último informe de trabajo social recoge que mamá ha experimentado un «crecimiento personal significativo e inesperado y muestra una comprensión real de las necesidades de sus hijos». Por primera vez, la autoridad local está dispuesta a aceptar visitas sin supervisión y considera que mamá ya no supone un riesgo para sus hijos.

Las opiniones de las familias en la consulta coinciden con la investigación sobre la implicación parental en los sistemas de protección infantil (Clapton 2020; Dale 2004; Muench et al. 2017).

La defensa parental entre pares ofrece un modelo eficaz de apoyo a las madres y los padres en esas reuniones (Tobis 2013). La investigación muestra que promover la defensa parental entre pares e integrarla junto a los servicios es una manera poderosa de cambiar las culturas organizativas de los sistemas de bienestar infantil (Lalayants 2017). Además, los programas de defensa parental entre pares muestran efectos positivos tanto en resultados proximales, como el empoderamiento parental y la implicación en los servicios (p. ej., Berrick et al. 2011; Summers et al. 2012), como en resultados distales, como la reunificación y la permanencia (p. ej., Enano et al. 2016; Lalayants 2017). Una revisión sistemática reciente de 13 estudios experimentales sobre intervenciones de defensa parental entre pares en Estados Unidos concluyó que los resultados de la investigación son «…mayoritariamente favorables, en particular en cuanto a las tasas de reunificación, la incidencia de maltrato posterior, la utilización de recursos y servicios y las prácticas parentales» (Acri et al. 2021, p. 19).

Sostenemos que deberíamos desarrollar en el Reino Unido un sistema nacional de defensa parental entre pares, con personas defensoras que tengan experiencia vivida de los servicios sociales de infancia. Sus servicios deberían estar a disposición de las familias en todas las etapas de los servicios sociales de infancia y del sistema de bienestar infantil, para apoyarlas, ayudarlas a comprender sus derechos y responsabilidades y orientarlas. Además, las políticas gubernamentales deberían modificarse para promover la participación de las madres y los padres y cuestionar el actual relato del rescate de la infancia. Estas políticas deberían incluir una declaración clara del derecho de las familias a la defensa y al apoyo, y expresar la expectativa de que los servicios sociales de infancia y las organizaciones de bienestar infantil garanticen la disponibilidad de servicios independientes de defensa entre pares para las familias en contacto con estos sistemas. Por último, debería promoverse la colaboración y la coproducción con la infancia y sus progenitores, la familia extensa y la comunidad para toda la infancia en situación de necesidad.

3.3. Mejorar la representación jurídica y el apoyo en los procedimientos judiciales

Las personas participantes en las consultas describieron los tribunales como lugares a menudo ajenos e intimidantes para las familias, que tienden a ponerse del lado de los servicios de infancia. Afirmaron que una representación jurídica de buena calidad es vital. Sin embargo, en la consulta, las familias consideraban a menudo que los despachos de abogacía locales no las representaban adecuadamente y no los veían como independientes de la autoridad local. Por ello, sostuvieron que hace falta un panel de representantes legales independientes comprometidos a defender con firmeza los casos en nombre de las madres, los padres y la infancia. La experiencia de esta madre ilustra el problema:

Susan se opuso al plan de la autoridad local de dar en adopción a su hija y llegó a convencerse de que el despacho de abogacía local que la representaba estaba influido por su relación con los cargos directivos y el personal de trabajo social de la ciudad. La autoridad local le reprochó haber cambiado dos veces de representación letrada a raíz de sus inquietudes. Finalmente recurrió a un despacho independiente de fuera de la zona. El tribunal acabó devolviéndole a su hija, que ha seguido viviendo en casa.

El aumento de los recortes en la asistencia jurídica gratuita en los últimos años ha hecho que miles de personas más se enfrenten solas a los tribunales de familia, en particular cuando intentan revocar medidas de tutela. Estos recortes hacen que algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad carezcan de un asesoramiento jurídico adecuado en los momentos más decisivos de su vida y de la de sus familias (Cobb 2013). Estos recortes tienen efectos de gran alcance en las familias, como demuestra el relato de esta madre, que ganó una batalla judicial para que le devolvieran a su hijo o hija:

El primer golpe fue tener que gastar todos nuestros ahorros en honorarios de abogados antes de poder acceder a la asistencia jurídica gratuita. Años de trabajo duro y de ahorro esfumados casi de la noche a la mañana. Después pasamos de ser un hogar con dos sueldos a vivir de prestaciones. Fue un cambio enorme para nosotros como familia, pero para seguir teniendo derecho a la asistencia jurídica gratuita no podíamos permitirnos trabajar. Si trabajábamos, era imposible ganar lo suficiente para pagar nuestros gastos judiciales. Es devastador, y las autoridades gastan sumas enormes en buscar culpables, no en buscar una solución ni en dar apoyo.

En Estados Unidos existen sistemas, especialmente en Nueva York, en los que la representación legal de las familias corre a cargo de un equipo formado por una persona letrada, una persona trabajadora social y una persona defensora par. Se ha demostrado que este tipo de representación ayuda a las familias a relacionarse mejor con el sistema judicial, contribuye a que menos menores permanezcan bajo tutela y, cuando una criatura necesita cuidados lejos de sus progenitores, permite que esto se logre en plazos más cortos (Courtney and Hook 2016; Family Justice Initiative 2019). Las familias del Reino Unido no disponen de este apoyo jurídico integral.

Abogamos por la creación de equipos integrales de defensa de las familias semejantes a los del modelo descrito, de modo que profesionales de la abogacía, del trabajo social y de la defensa entre pares puedan ofrecer el apoyo integral, compasivo y envolvente que las familias necesitan durante los procedimientos judiciales. Además, para promover la independencia de quienes ejercen la abogacía en representación de las familias, es necesario crear paneles de abogacía comprometidos con la independencia respecto a la autoridad local. Por último, y esto es vital, deben revisarse con urgencia las restricciones actuales, perjudiciales y severas, sobre quién puede acceder a la asistencia jurídica gratuita, para mejorar el acceso de las familias durante la fase previa al procedimiento, los recursos y las solicitudes para poner fin a las medidas de tutela.

3.4. Un mejor apoyo en los procedimientos de protección

Más allá de las enormes dificultades de relacionarse con el sistema judicial, las personas participantes en la consulta señalaron la falta de inversión en servicios terapéuticos para las familias inmersas en procedimientos de protección. Esta carencia se ve agravada por los plazos breves (26 semanas en Inglaterra) de que disponen las madres y los padres para introducir los cambios necesarios para evitar que su hijo o hija pase a estar bajo tutela. Y lo que es más importante, las personas participantes indicaron que, si reciben un apoyo adecuado, las familias pueden realizar los cambios necesarios. Una de las participantes de New Beginnings describió lo siguiente:

A muchas de nuestras madres y padres se les ha culpado de no entender las preocupaciones del trabajo social, de interrumpir al personal profesional, de faltar al respeto, de no mirar a los ojos (y, por tanto, de ocultar algo), de no ser capaces de mantener la casa ordenada, de empezar tareas sin poder terminarlas, de distraerse con facilidad o no poder concentrarse y de automedicarse con cannabis o anfetaminas. Se les considera el problema. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que muchas de estas personas tienen un TDAH o un autismo sin diagnosticar. Hemos visto que, en cuanto se les ha apoyado, cuando dejan de intentar automedicarse y reciben el tratamiento adecuado para el TDAH, la vida se ha calmado, las preocupaciones de protección han disminuido y la armonía ha vuelto al hogar familiar.

En la misma línea, el juez Sir Andrew McFarlane declaró lo siguiente (citado en The Guardian) (Butler 2018):

Puede decirse con propiedad que hemos llegado a una situación en la que el umbral para obtener una resolución judicial de derecho público es notablemente bajo, mientras que, sin duda como consecuencia del clima financiero actual, el umbral para que una familia pueda acceder a servicios de apoyo especializados en la comunidad es, por el contrario, muy alto.

Hay toda una serie de medidas sensatas que pueden adoptarse. Sostenemos que se necesita una inversión específica en apoyo terapéutico para las madres y los padres y en apoyo especializado para las familias con necesidades complejas. Debemos reconocer que, cuando los problemas se vuelven más crónicos, probablemente no será posible un cambio rápido. Por tanto, el plazo de 26 semanas antes mencionado debería ampliarse, y los servicios deberían estar disponibles con rapidez cuando las familias estén realizando los cambios necesarios. Hay que volver a conectar los servicios y las comunidades. Por ello, necesitamos servicios arraigados en los barrios que ofrezcan un sentimiento de pertenencia a las familias socialmente aisladas. Las y los profesionales del trabajo social deben ser capaces de reconocer y atender las señales de problemas como el TDAH, el autismo y otras dificultades de salud mental y relacionadas con el trauma. Además, es imprescindible la formación en ámbitos clave como la violencia doméstica, la pobreza y la discapacidad.

3.5. Una permanencia que mantenga los vínculos

Toda adopción comienza con la mayor pérdida que una madre, un padre o una criatura pueden sufrir. Así lo expresaron con claridad y fuerza en la consulta varias familias, muchas de las cuales habían visto cómo les retiraban a sus hijos e hijas para después darlos en adopción. Las madres y los padres que participaron en la consulta expresaron una grave preocupación por cómo se les había abandonado sin apoyo, cómo una comunicación deficiente había agravado el daño sufrido y cómo no se habían valorado ni apoyado aspectos de la herencia y de la identidad.

Las opiniones compartidas por las familias en la consulta se asemejan a las recogidas en los estudios sobre la adopción y la manera en que se vive. Muchas personas adoptadas pierden todo vínculo con su familia biológica y su herencia, no solo con sus progenitores, sino también con sus abuelas y abuelos, tías y tíos, y con su fratría (Featherstone et al. 2018a; Neil 2002). Aunque la adopción se considera la modalidad de cuidado alternativo de referencia, se producen rupturas de las adopciones. Smith (2014) encontró una tasa de ruptura del 9,5 %, con al menos un 5 % a 10 % de menores que vuelven a quedar bajo tutela tras la resolución de adopción en Estados Unidos. En el Reino Unido, Selwyn, Wijedasa y Meakings constataron que entre un 2 % y un 9 % de las adopciones se rompen tras la resolución de adopción (Selwyn et al. 2014).

En los últimos diez años se ha producido un aumento del 50 % en el número de menores que viven separados de sus progenitores biológicos (PFAN 2022), por lo que existe una población considerablemente mayor cuyas necesidades debemos comprender y atender. Existen diferencias significativas entre las autoridades locales de Inglaterra en cuanto a las tasas de adopción. Allí donde las tasas de adopción han aumentado, también lo han hecho el número de investigaciones de protección infantil, de menores en situación de necesidad y de menores bajo tutela (Bilson and Hunter Munro 2019). Todo ello sugiere que la promoción de la adopción está asociada a una cultura creciente de rescate y de culpabilización parental.

Un número cada vez mayor de estudios de todo el mundo muestra los beneficios de modalidades de adopción más «abiertas» y revela que pueden responder mejor a las necesidades de identidad y de desarrollo de la persona adoptada, y permitir a la infancia adoptada elaborar sus pensamientos y sentimientos sobre su adopción, construir su identidad, desarrollar su autoestima y buscar respuestas a sus preguntas (Brodzinsky 2006; Del Pozo de Bolger et al. 2021; Neil 2010). La apertura en las modalidades de adopción suele ser beneficiosa no solo para las personas adoptadas, sino también para los demás miembros de la familia adoptiva (Smith et al. 2020). Quizá sorprenda a algunas personas, pero puede reforzar el vínculo de la familia adoptiva con la criatura adoptada y consolidar su papel como depositaria de los recuerdos de la infancia y guardiana de los objetos que representan los primeros años de vida del niño o la niña (Brodzinsky 2014).

Por tanto, la manera actual de trabajar puede considerarse perjudicial para todas las partes implicadas. Sostenemos que la adopción solo debería utilizarse para menores huérfanos y que, cuando se requiera un cuidado alternativo permanente, debería recurrirse a la special guardianship (tutela especial), que debería favorecer modalidades de contacto más abiertas. Además, afirmamos que las adopciones y las medidas de special guardianship deberían ser predominantemente abiertas, por los beneficios de este tipo de modalidad señalados más arriba. Las y los profesionales del trabajo social que deseen ampliar los límites hacia modalidades más abiertas deben estar dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo y energía emocional para facilitar lo que es un proceso continuo (Townsend 2003). En trabajo social, la elaboración de los planes de cuidado debe abandonar el carácter rígido, estereotipado o incluso «invisible» (Kempenaar 2015) de muchos de estos planes y considerar, en cambio, que deberían basarse en las fortalezas, ser flexibles y mediarse de forma proactiva entre todas las partes implicadas.

3.6. Una mejor respuesta a la violencia doméstica

El vínculo problemático entre violencia doméstica y protección infantil se mencionó repetidamente a lo largo de la consulta. Las personas participantes afirmaron que, al vincular la violencia doméstica con el riesgo para la infancia, el sistema oprime doblemente a las mujeres. Estas sufren a la vez la violencia doméstica y la amenaza, o la realidad, de que se les retire a sus hijos e hijas. Además, las personas participantes revelaron que, una vez que se identifica que una madre ha sufrido violencia doméstica, no solo se considera que ha expuesto a sus hijos e hijas a un daño en el pasado, sino también que representa un riesgo futuro, ya que se estima probable que inicie otra relación dañina en el futuro. Una de las personas participantes en la consulta compartió lo siguiente:

A una madre a la que le habían retirado a sus tres primeros hijos e hijas siete años antes de su reciente embarazo le dijeron en el tribunal que «había sido descartada como posible cuidadora» de su bebé aún no nacido. Sin haber completado siquiera una evaluación prenatal, la autoridad local consideró que los antecedentes bastaban para descartar a esta mujer de por vida. Por suerte, la lucha de una persona defensora par para conseguirle una plaza en un recurso materno-infantil acabó dando fruto, y todas las evaluaciones actuales muestran un crecimiento y un cambio enormes. Esta mujer, a la que se había descartado por lo que era casi una década antes, está criando con éxito a su criatura sin ninguna otra intervención del Estado.

Además, las personas participantes en la consulta describieron al personal profesional como carente de una comprensión profunda de la naturaleza de las relaciones de control y de la manera en que las parejas maltratadoras pueden utilizar el sistema para prolongar el control y el maltrato. La investigación ha demostrado que esta falta de comprensión se refleja en una política uniforme que obstaculiza una comprensión profunda de las cuestiones presentes en cada familia (Daniel 2017; Ferguson et al. 2020; Masson and Parton 2020). Además, esa política ignora un amplio corpus de conocimiento que apunta a distintos tipos de violencia doméstica, cada uno de los cuales requiere una respuesta diferente, y al hecho de que, aunque determinados actos violentos puedan parecer similares, los riesgos difieren según el tipo (Alaggia et al. 2015).

Sostenemos que deberíamos desarrollar la defensa parental entre pares con especial atención a personas defensoras con experiencia vivida tanto de los servicios sociales de infancia como de la violencia doméstica. Además, necesitamos desarrollar conocimiento sobre los distintos tipos de violencia doméstica en la práctica y crear servicios a medida que respondan de forma diferenciada a las distintas necesidades de las familias.

3.7. Infancia con discapacidad

Los niños y niñas con discapacidad y sus familias se cuentan entre los grupos más gravemente desfavorecidos de la sociedad. En consecuencia, la legislación vigente en el Reino Unido establece que toda la infancia con discapacidad se encuentra en situación de necesidad y que los organismos de trabajo social tienen el deber de proteger y promover su bienestar. No obstante, las familias que contribuyeron a la consulta compartieron experiencias en las que solicitaron apoyo y después se vieron arrastradas a un proceso centrado en el riesgo, la protección y la tutela de la infancia. Relataron que, cuando no se encontraba ningún problema de protección, se quedaban sin apoyo para las necesidades que les habían llevado a pedir ayuda en un principio y, a menudo, estaban demasiado traumatizadas por el proceso para volver a pedirla. Mencionaron también que tuvieron que recurrir a asistencia letrada o a llevar su caso ante un tribunal administrativo simplemente para conseguir una evaluación de las necesidades de su hijo o hija. La experiencia de una madre ilustra muchas de estas cuestiones:

La persona de trabajo social me pareció agresiva. El proceso resultaba invasivo y en absoluto de apoyo. Sentíamos confusión e impotencia en un proceso que empeoró nuestra situación. Esa persona incumplía con frecuencia los plazos y nunca nos dio ninguna información que explicara el proceso por el que estábamos pasando ni dónde podíamos encontrar mejor apoyo e información. Nos hicieron sentir que habíamos fracasado en la crianza, que mi hija era una carga para la autoridad local porque sus necesidades son muy grandes y que no podíamos responder a sus necesidades.

Una cuestión clave identificada por las familias en la consulta fue la falta de conocimientos sobre discapacidad del personal de trabajo social. Las opiniones compartidas por las familias en la consulta describían problemas importantes y preocupantes a los que se enfrentaban al intentar acceder al apoyo:

Pasaron por nuestro caso 18 profesionales de trabajo social en total. Solo dos tenían alguna experiencia en discapacidad. El plan para menores en situación de necesidad se completó por fin cuatro años después, cuando recurrí a asistencia letrada.

Las familias revelaron que el trabajo social les parecía todo reuniones y ninguna prestación. Describieron cómo había mucha actividad (reuniones, evaluaciones, informes), pero que esta actividad rara vez se traducía en algo que resultara útil de algún modo para sus hijos e hijas o para ellas mismas. Una madre compartió lo siguiente:

Se identifican las necesidades, pero no hay forma de obligar a que se atiendan si no se encuentra apoyo. Nos dicen constantemente que tenemos derecho a un asistente personal, pero el departamento sabe perfectamente que no hay asistentes personales disponibles en nuestra zona. Ahora también hemos perdido nuestro centro de respiro y solo nos dicen que el ayuntamiento está intentando encontrar otra cosa, pero desde hace más de un año no se nos ha ofrecido nada más.

De nuevo, las opiniones de las familias en la consulta coinciden con los temas de la investigación sobre el apoyo a madres y padres de niños y niñas con discapacidad. Clements y Aiello (2021) denominan este enfoque investigador institucionalización de la culpabilización parental. En su investigación constataron que la culpabilización parental estaba institucionalizada en los procedimientos y las políticas nacionales y locales del Reino Unido y arraigada en los protocolos de evaluación que guían la actuación del personal de primera línea. En la práctica, a gran parte de la infancia con discapacidad se le niega la evaluación de sus necesidades debido a criterios de evaluación que crean barreras ilegales (Clements and Aiello 2021) para acceder a sus derechos legales de apoyo, al añadir definiciones adicionales y severas de lo que constituye un «menor con discapacidad». De hecho, las estadísticas reunidas mediante una serie de solicitudes de acceso a la información por uno de los autores, Andy Bilson (2022), muestran un rápido aumento de las evaluaciones de menores con discapacidad centradas en la protección infantil.

Las madres y los padres de niños y niñas con discapacidad están especialmente expuestos a que se les acuse de fabricar o inducir las enfermedades de sus hijos e hijas (FII, por sus siglas en inglés). El término FII y el enfoque para identificarla y responder a ella han sido duramente criticados por carecer de toda base empírica (Gullon-Scott and Long 2022). Los grupos que representan a familias con hijos e hijas con discapacidad señalan que a muchas de sus personas miembros se las ha acusado erróneamente de FII, sobre todo al solicitar ayuda adicional o una segunda opinión, o a raíz de un desacuerdo entre el personal médico sobre el estado de salud de su hijo o hija (véanse, p. ej., Autism Eye 2018; Colby 2014; Siret 2019; Ehlers Danlos Support UK 2017; Not Fine in Schools 2018). Cuando se formulan este tipo de acusaciones sobre la manera en que estas familias cuidan de sus hijos e hijas, el impacto puede ser profundo y duradero.

Sostenemos que deben introducirse cambios en las directrices nacionales y locales que sustentan este enfoque culpabilizador de las familias. Para ello, herramientas administrativas como los protocolos de evaluación tendrían que centrarse en apoyar a las familias y no en el riesgo y el daño. Sostenemos que se necesitan directrices específicas para la evaluación y las prestaciones destinadas a la infancia con discapacidad. Además, el trabajo social y sus profesionales deben adquirir conocimientos sobre las condiciones específicas de cada niño o niña al realizar evaluaciones con las familias. Por último, es evidente la necesidad de mejorar la financiación destinada a la infancia con discapacidad.

A continuación analizamos cómo las acciones emprendidas en la consulta, y el hecho de que fuera auténticamente coproducida, pueden inspirar una investigación crítica centrada en el cambio en el mundo real.

4. Discusión

Hasta esta sección, el artículo se ha centrado en el objetivo de ofrecer una visión crítica del sistema inglés de protección infantil basada en las opiniones de las familias. En esta discusión esperamos cumplir nuestro segundo objetivo, es decir, presentar el valor de la coproducción en el contexto de los estudios sobre protección infantil, tanto como forma de investigación crítica como medio para influir en las políticas y en la práctica. Para ello, analizamos en primer lugar el valor de la coproducción para la investigación crítica en protección infantil. A continuación, proponemos cinco características de la consulta que, a nuestro juicio, favorecieron un proceso de coproducción significativo y crítico.

Desde un enfoque estructural, la investigación crítica en protección infantil reconoce que los sistemas de protección infantil cumplen funciones de gobierno, de control y normativas que reflejan y mantienen normas políticas, culturales y sociales (Keddell 2021). Así, los estudios críticos sobre protección infantil exigen reconocer el inmenso impacto de la injusticia social y de la desigualdad en las familias y la infancia. Como muestra este número especial, han aumentado los estudios que aplican un análisis crítico al sistema de protección infantil. Sin embargo, el desarrollo de conceptos paradigmáticos y metodológicos que puedan contribuir a este corpus de conocimiento es escaso. Proponemos que los estudios críticos sobre protección infantil deben «corregir las desigualdades dando prioridad… a las voces de los grupos menos favorecidos de la sociedad» (Mertens et al. 2009, p. 89). Así, deberían fomentar el uso de la investigación con fines de justicia social, lo que incluye hacerla accesible para la educación pública, la elaboración de políticas sociales y la transformación comunitaria.

Aunque somos prudentes a la hora de presentar la consulta como un proceso de coproducción logrado (la cuestión de qué hace que un proceso así sea un éxito excede el alcance de este artículo), nuestra experiencia colectiva, junto con las opiniones de quienes participaron en la consulta, apunta a cinco características que dieron sentido a este proceso y que favorecieron la investigación crítica: adoptar una postura política, elegir objetivos claros y factibles, incorporar una diversidad de saberes, la participación de madres y padres con experiencia vivida en todas las fases de la consulta y no conformarse con la producción de conocimiento.

Adoptar una postura política: en consonancia con la afirmación de Hyslop y Keddell (2018) de que una práctica y una investigación progresistas en protección infantil requieren una labor de incidencia política junto a las reformas de la práctica, es importante reconocer que el proceso de consulta se planteó explícitamente como un acto ético y político. Consciente de que «los valores radicales de la coproducción pueden ser sustituidos por los del mercado, en la prisa por marcar la casilla “participativa” para obtener financiación para la investigación» (Critchley and Mitchell 2020, p. 2300), la consulta adoptó deliberadamente una postura política. Lo hizo de dos maneras principales: en primer lugar, señalando el carácter opresivo del actual sistema de protección infantil y comprometiéndose a trabajar por la transformación de las políticas y de la práctica; y, en segundo lugar, afirmando que llevar las voces de las familias al ámbito de la elaboración de políticas es una cuestión de derechos humanos y de poder social. Explicitar estas dos premisas es la clave para utilizar la coproducción de manera transformadora.

Elegir objetivos claros y factibles: curiosamente, la cuestión de si colaborar o no con la Care Review suscitó un debate importante sobre las vías adoptadas para promover el cambio. Algunas personas miembros de la PFAN eran reacias a colaborar con el equipo de la revisión y expresaron su temor de que esa colaboración pudiera utilizarse para apropiarse de las voces de las familias. Lo que ayudó a resolver este debate fue acordar una misión concreta: presentar a la revisión las opiniones de las familias y ponerlas ampliamente a disposición de las personas responsables de los servicios sociales de infancia. Así, formular los objetivos de la consulta en términos de medidas factibles y asegurarse de que permitiría cierto acceso a quienes elaboran las políticas fue crucial tanto para el proceso como para los resultados de la consulta.

Incorporar una diversidad de saberes: como se ha descrito más arriba, la consulta contó con una diversidad de participantes de distintos orígenes y posiciones sociales. Basar el informe en esta combinación única de personas pone de relieve que la consulta y el proyecto más amplio de la PFAN se apoyan en una epistemología social clara, que reconoce el saber experiencial de las personas que resisten a la opresión social en la vida cotidiana, así como el papel clave que desempeñan en la acción eficaz contra la exclusión social. La importancia de la diversidad de voces se refleja en la variedad de ámbitos específicos que abordaron las personas participantes, p. ej., la pobreza, la violencia doméstica y la infancia con discapacidad.

Participación de madres y padres con experiencia vivida en todas las fases de la consulta: aunque el concepto de coproducción está muy extendido, lo que constituye la coproducción sigue siendo objeto de amplio debate (Carpentier 2016; Oliver et al. 2019). Existen además distintos niveles de colaboración y de coproducción, que van desde los meramente simbólicos hasta los auténticos y empoderadores. Como señalan Oliver, Kothari y Mays (Oliver et al. 2019), «[h]ay muchas formas de prácticas de investigación colaborativa, entre ellas la coproducción, el codiseño, la cocreación, la implicación de las partes interesadas y del público, la participación/implicación y la traslación integrada del conocimiento…» (ibid., p. 17). Un rasgo importante de nuestra consulta fue que, además de los diversos grupos y personas con experiencia vivida que contribuyeron, la consulta fue coiniciada y codinamizada por el equipo de la PFAN, que incluye tanto a madres y padres como a personas aliadas. Este núcleo participó en cada fase de la consulta: los debates sobre los objetivos, la elaboración de las preguntas de la consulta, el análisis de las contribuciones recibidas de los grupos, la redacción de distintas partes del informe final, las campañas en torno al informe y, por último, la redacción y revisión de este artículo. Es importante señalar que no queremos ofrecer una imagen edulcorada del proceso. Este tipo de trabajo está plagado de cuestiones de poder y, al final, buena parte de la redacción efectiva del informe estuvo a cargo de las personas del ámbito académico del grupo. Sin embargo, todas y todos tenemos la certeza de que este trabajo refleja nuestros esfuerzos conjuntos y nuestras diversas contribuciones a una auténtica coproducción.

No conformarse con la producción de conocimiento: como se ha descrito más arriba, la elaboración del informe fue solo un primer paso de la consulta y del proyecto más amplio de la PFAN. Basados en un profundo compromiso con la justicia social y con la promoción de la reforma del sistema de protección infantil, ambos aspiran a incidir en la realidad social de la infancia y sus familias. Así, la difusión del informe fue una parte integrante y crucial de la consulta, y tenía como fin promover una mejor comprensión de las opiniones y experiencias de las familias respecto al sistema. La campaña que siguió a la publicación del informe recurrió a varias vías, cada una dirigida a públicos distintos y con objetivos distintos. El informe se presentó al equipo de la Care Review, con el objetivo de influir directamente en quienes elaboran las políticas y en sus decisiones. También se presentó en BBC Radio Four, una emisora de radio nacional del Reino Unido. Dado que las políticas sociales están muy influidas por el discurso público, hacer campaña a través de los medios es una parte crucial de cualquier trabajo por el cambio social. Esto es especialmente pertinente en el contexto de la protección infantil, donde el discurso público sobre las familias es profundamente estigmatizante y culpabilizador (Clapton 2020; Featherstone et al. 2018b). El informe se promovió también mediante el trabajo con la prensa especializada en trabajo social, lo que incluyó la publicación de artículos en Community Care y Professional Social Work, así como una entrada en un blog sobre investigación aplicada a la práctica. La PFAN organizó un seminario web en el que los distintos grupos que contribuyeron a la consulta presentaron su trabajo y lo compartieron con la comunidad en general, en un intento de llevar a la práctica la misión del trabajo social «trabajando más allá de las fronteras académicas, profesionales y de clase para … construir una pedagogía de la resistencia que permita una relectura del mundo y una nueva visión del futuro» (Kina and Gonçalves 2018, p. 373).

5. Conclusiones

Las madres, los padres y las personas aliadas que participaron en la consulta identificaron siete ámbitos clave de cambio en el actual sistema de servicios sociales de infancia y ofrecieron propuestas constructivas de transformación. Nos alegra que la Care Review haya recomendado que la defensa parental entre pares esté al alcance de las familias en el sistema de protección infantil de Inglaterra y haya propuesto una financiación significativa para su puesta en marcha. Sin embargo, también somos conscientes de las estructuras políticas, sociales y económicas más amplias que sustentan las políticas y prácticas actuales, que la revisión no abordó y que podrían amenazar la aplicación de esta recomendación. De hecho, nuestras propuestas se formularon en un contexto de desigualdades crecientes, de un sistema de servicios sociales a la defensiva en el que el apoyo a las familias se ha ido marchitando constantemente, en el que la ayuda que queda se ha redirigido a investigar a las familias y en el que ha aumentado la retirada de menores para su acogimiento y adopción. Este artículo y la consulta han intentado mostrar cómo la investigación crítica en protección infantil puede, y quizá debería, ser un acto político consciente orientado a promover un cambio colaborativo hacia formas de trabajar con las familias más humanas, compasivas y socialmente justas.